Para enfrentar la innegable crisis, sin pérdida de tiempo se presentó al presidente de la República, Sixto Durán Ballén, un Plan Emergente para emprender en obras y proyectos vitales. El compromiso presidencial fue el de realizar ayudas semanales y continuar su apoyo para la limpieza de la ciudad.
Un estudio presentado por la Junta Cívica cifra en 5.000 millones de sucres la cantidad para llevar adelante el plan emergente de alcantarillado; mientras, un plan de trabajo que prevé el levantamiento catastral, con normas modernas de avalúo, en un plazo de 8 meses, tiene un costo de 500 millones de sucres.
Paralelamente, se inicia la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano sobre la base de factores sociales y demográficos actualizados. Es un estudio con asesoría nacional e internacional que tardará 2 años y su costo es de 400 millones de sucres.
La reparación integral del Palacio Municipal exige una suma superior a los 1.000 millones de sucres. En 10 meses aproximadamente (junio de 1993) se estimó el tiempo para que se contrate con la empresa privada el servicio de recolección de basura. La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) terminaba un estudio para el relleno sanitario en el sector de Las Iguanas (Km. 14.5 vía a Daule), para acabar con el botadero San Eduardo, que constituye una vergüenza y es un foco de contaminación.
Se trabaja en las reformas y en nuevas ordenanzas municipales, arranca el proceso de automatización de los servicios que ofrece el cabildo, en manos del Congreso Nacional queda la aprobación de la ley que fusiona las empresas Municipal de Alcantarillado y Provincial de Agua Potable, que es la condición exigida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para que la nueva empresa pueda obtener créditos internacionales, y se anuncia la presentación de un gran proyecto cívico-educativo, que será el punto de partida para el nuevo Guayaquil.
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