En tertulias entre amigos y grupos de gente interesada por el país ha habido oportunidad de recordar aspectos de actos o rasgos del Presidente Leon Pebres Cordero, quien ocupa ciertamente, uno de los lugares más importantes en la historia del Ecuador durante los últimos treinta y cinco años del siglo veinte y los ocho primeros años del siglo veintiuno, no sólo por su trascendente gestión como Presidente de la República, como legislador y como Alcalde de
Guayaquil, sino también por su continua presencia orientadora en el manejo de la política del Ecuador, en la búsqueda de mejores destinos para el país, con una ideología clara y transparente. El Presidente Sixto Durán Ballén me recordaba, hace poco, que durante la campaña electoral de 1984, en la cual Sixto intervino como primer candidato en la lista nacional de diputados, se ofreció la construcción de más de cien mil unidades de vivienda, y que efectivamente se logró, durante el gobierno del presidente Febres-Cordero construir cerca de ciento diez mil, monto que no pudo ser superado ni aún en su propio gobierno de 1992 a 1996, por los efectos económicos generados por el conflicto con el Perú en 1995.
En este artículo intento transmitir mis impresiones sobre hechos concretos que pueden resaltar aspectos del pensamiento y modo de actuar de Febres-Cordero, que acreditan su reconocida vivencia democrática. En esta época en que el concepto de democracia ha sido reemplazado por los postulados de una revolución totalitaria constituye un deber patriótico insertar en la ciudadanía los valores superiores con los cuales se ejerció la actividad pública. Hoy, cuando se ha buscado cortar las raíces nacionales para sembrar el odio y la violencia desde el poder supremo, es imperativo retornar a la memoria reciente, sustentada en la tradición histórica, con el fin de que no se continúe torciendo a las nuevas generaciones con criterios transplantados con los criterios teóricos del nacionalsocialismo, el fascismo, el nacionalsindicalismo y el comunismo, y se trate de evitar que en Ecuador se llegue a los actos de barbarie cometidos por las sanguinarias revoluciones y los gobiernos totalitarios.
León Febres-Cordero aseguró durante el último proceso electoral libre de 2006 con extraordinaria precisión el futuro que hoy diciembre de 2010 es presente del Ecuador, cuando el entonces candidato a la presidencia, Rafael Correa, anunció que su grupo político no presentaría candidatos al Congreso Nacional. Pronosticó el Presidente Febres-Cordero que se estaba eligiendo un dictador. La desintegración del Congreso en marzo de 2007, la imposición
por a fuerza de una Constitución, la entronización de sistemas franquistas, fascistas y nazis para gobernar, la supresión del estado de derecho, la confiscación de la propiedad, la arbitrariedad como valor privilegiado, y la supresión e todo signo de institucionalidad han excedido lo que él vislumbró, con claridad. La personalidad torcida de quien, al llegar al
poder, hizo todo lo contrario de lo que había ofrecido en su campaña electoral, pues ha enrumbado al país a una sociedad sustentada en el odio y en el terror como medios de imposición sobre los ciudadanos y de control de toda actividad.
La defensa irrestricta de principios democráticos fue una invariable guía del actuar del Presidente León Febres-Cordero. Surgido políticamente en las luchas contra la dictadura militar de los años 1963-1966, en la denominada guerra de los aranceles, integró la Asamblea Constituyente de 1966 y el Senado en 1968. Fue perseguido por la dictadura militar que se inició en febrero de 1972, la cual, a través de los tribunales especiales, le sometió a prisión. Se
incorporó al Partido Social Cristiano y llegó, por elección popular, al restablecerse el régimen de Derecho, en 1979, al Congreso Nacional, desde donde con su actuación destacada, especialmente, mediante sucesivas interpelaciones a Ministros de Estado, forjó su postulación a la presidencia de la República, por parte de una alianza de organizaciones y partidos políticos aglutinados bajo el nombre de Frente de Reconstrucción Nacional.
El haber integrado por tres ocasiones, el poder Iegislativo antes de haber sido electo Presidente, fue considerado por León Febres-Cordero como un elemento fundamental de Su preparación que le permitió consolidar su experiencia política para el ejercicio del más alto poder político en el Ecuador. En muchas ocasiones expresó, ante quienes colaboramos con él, que la mejor escuela para aprender a gobernar y entender al Ecuador era ser parte del Congreso, pues en él se hallaba la representación de la Nación, tanto en sus variadas vertientes ideológicas, como en su distinta expresión y visión de las necesidades y anhelos de las distintas regiones y provincias. Recomendaba que no se aspirara a presidir la Función Ejecutiva, sin haber sido, antes, legislador.
Consideraba que el poder legislativo era sustancial para el equilibrio democrático por lo cual, a pesar de que durante su mandato la oposición tuvo mayoría legislativa, mantuvo, especialmente a través del Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, contacto permanente con quienes presidían la Función Legislativa, de forma tal que las acciones de gobierno y las decisiones que podían suscitar discrepancias con el Congreso opositor no provocaran sorpresas que causaran reacciones que no fueran de las usuales entre un poder legislativo controlado por la oposición y un ejecutivo que buscaba impulsar sus proyectos para el bien de la Nación. De allí que los proyectos de ley en materia económica que se remitieron al Congreso, con el carácter de urgente, y que, en virtud de la inacción del Congreso, se los dictó
como decretos leyes de emergencia, permitieron mejorar la legislación, especialmente la tributaria, con racionalidad, para lograr una mayor eficiencia en el empleo de los entonces escasos recursos públicos, en una época en la cual la actividad privada sufría todavía los efectos de la crisis derivada del endeudamiento externo, y la gestión pública económicamente debía partir de los beneficios provenientes de un precio internacional del petróleo de ocho dólares el barril, ingresos que debían ser distribuidos entre diversos copartícipes.
En defensa de la institucionalidad debió actuar el Presidente Febres-Cordero, al inicio de su gobierno, frente a la insólita resolución del poder legislativo que, en contra de lo previsto en la Constitución, cortó, el 5 de octubre de 1984, los períodos de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia que habían sido electos por el Congreso Nacional, en 1979 por un período de seis años. La arbitrariedad legislativa obligó a que el Ministro de Gobierno cercara las oficinas de la Corte Suprema con la fuerza pública, con el fin de impedir que los jueces que habían sido designados en violación del principio de estabilidad, ejercieran sus cargos y que, con ello, se buscara respetar la Constitución. Se produjo la extraña situación de dos Cortes Supremas, la una legítima, designada en 1979 y la otra espuria, fruto de la maquinación legislativa a pesar de que la razón y el derecho se hallaban del lado del gobierno, triunfó parcialmente el poder legislativo, pues se logró, a través de negociaciones, que todos los Ministros Jueces de las dos Cortes renunciaran a sus cargos y a sus designaciones, y el Congreso eligiera otros.
En marzo de 1986 se generó la mayor crisis política que afrontó el gobierno del Presidente Febres-Cordero. El teniente general Frank Vargas Pazzos, comandante general de la Fuerza Aérea y jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, al enterarse de que no lograría su ascenso de general del aire, con el pretexto de que el Ministro de Defensa Nacional, había supuestamente cometido irregularidades en la adquisición de un avión para que sirviera a la
ciudad de Loja, logró, con gente a su mando, apoderarse de la base aérea Eloy Alfaro de la ciudad de Manta con el aparente propósito de tratar de continuar en funciones y obtener su ascenso. El Presidente de la República, al momento en Guayaquil, designó el 7 de marzo de 1986, al nuevo comandante general de la Fuerza Aérea a quien ordenó ponerse al frente de la situación generada por la insubordinación.
Durante el desarrollo de la hechos creyó que podría ser útil lograr un contacto directo con el general Vargas por lo cual encargó al Secretario Particular, abogado Carlos Pareja, que, bajo sus instrucciones, intentase negociar con Vargas.
Quienes, en el gobierno, habían vivido o habían sido testigos cercanos de golpes de Estado provenientes de fuerzas militares, miraron con preocupación las conversaciones con el general Vargas. Se recordaba, por ejemplo, el incidente de La Balbina, que condujo, posteriormente a la caída del Presidente Velasco Ibarra en 1972, lo cual derivó en dos
gobiernos militares de facto durante siete años. El dilema era, pues, o tratar de lograr que, por la fuerza el general Vargas desistiera de su acción, o intentar que lo hiciera por el convencimiento racional en una negociación. La primera opción podía llevar a un enfrentamiento entre fuerzas del ejército y la fracción de la Fuerza Aérea. La segunda
alternativa podía debilitar al gobierno frente a la posibilidad de que Vargas lograra respaldo adicional. Desde la ciudad de Guayaquil, el Presidente Febres-Cordero dispuso que se negociara con el general Vargas Pazos.
Desde su despacho en Quito, el Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, coordinaba también acciones en ese sentido, pero se preocupaba también sobre si habría necesidad de actuar con los poderes que el Presidente tenía para conjurar el levantamiento armado. Las negociaciones parecieron concluir con relativo éxito, puesto que Vargas Pazzos aceptó ser sometido a juicio a través del Consejo de Generales. El Presidente de la República retornó a Quito. Convino en prescindir del Ministro de Defensa Nacional, general del ejército Luis Piñeiros Rivera, cuya renuncia fue aceptada el 13 de marzo de 1986, encargándose, en la misma fecha, transitoriamente tal Ministerio al general de división Jorge Asanza, quien había sido nombrado jefe del comando conjunto.
Sin embargo, al llegar Vargas Pazzos a Quito, el mismo 13 de marzo de 1986, se apoderó, con gente de la FAE del aeropuerto Mariscal Sucre, y anunció que su intención era derrocar al gobierno. Desde el inicio de esta segunda parte de la crisis tuve el convencimiento de que se requería actuar con entereza y firmeza desde la Presidencia de la república, pues de lo contrario la situación podía tornarse incontrolable. Informaciones recibidas desde el Ministerio de Defensa Nacional confirmaban que la preservación del régimen democrático exigía una actuación definitiva.
Conocedores de lo que ocurría habían concurrido a la Presidencia, y se encontraban en el despacho presidencial desde las seis de la tarde, aproximadamente, todos los Ministros de Estado y los altos funcionarios del Gobierno. Alrededor de las siete y treinta de la noche fui Ilamado al despacho presidencial. En la antesala, el Secretario Particular, Carlos Pareja, mantenía una conferencia telefónica con el Gobernador del Guayas, quien, según pude percibir por lo que expresaba el abogado Pareja, le insinuaba que debía ir a conferenciar nuevamente con Vargas Pazzos; por lo cual interrumpí, con cierto atrevimiento, la conversación y le indiqué a Carlos Pareja que ello provocaría un agravamiento de los hechos, pues se fortalecería la insurrección, y que el único camino era declarar el estado de emergencia y ordenar que el Ejército cercara el aeropuerto. Pareja transmitió esa opinión al Gobernador del Guayas.
Al ingresar yo al despacho, el Presidente Febres-Cordero me preguntó: “¿Qué opinas acerca de lo que debe hacerse?» Sin dudar respondí: “Dictar el estado de emergencia y ordenar la toma del aeropuerto de Quito”. El superintendente de bancos, Alfonso Trujillo Bustamante, y el ministro de relaciones, Edgar Terán, respaldaron de viva voz la sugerencia. El Presidente, también sin vacilar, ordenó: “Prepara el decreto para revisarlo y firmarlo”.
Por los canales usuales y regulares se hizo conocer la declaratoria del estado de emergencia y las órdenes del presidente de la república para que las fuerzas armadas actuaran en contra de Vargas Pazzos. Del cumplimiento de las órdenes dependía el mantenimiento del régimen democrático. También se comunicó la declaratoria de emergencia al Tribunal de Garantías Constitucionales y al Presidente del Congreso, órgano que a la fecha se hallaba en receso, pues sólo la Comisión Legislativa ejercía sus funciones. El Ministro de Gobierno, por su parte, dio instrucciones para que la policía observara los acontecimientos e informara sobre las operaciones que se condujeran. En todos los presentes, que conformaban la cúpula del poder ejecutivo, había gran preocupación acerca de la actitud de las fuerzas armadas, puesto que quien se había levantado en armas era quien había sido el Jefe del Comando Conjunto.
Entre las diez u once de la noche, aproximadamente, concurrió al despacho presidencial el Presidente del Congreso, Raúl Baca Carbo. En una conversación cordial y de altura el Ingeniero Baca Carbo le sugirió al Presidente Febres-Cordero que dejara sin efecto la declaratoria del estado de emergencia, pues estimaba que la solución era dar la oportunidad a una posible rectificación a Vargas Pazos. El Presidente de la República le contestó. «Mire, Ingeniero Baca, si yo dejo sin efecto la declaratoria de emergencia, ni usted ni yo continuaríamos aquí».
En horas tempranas de la mañana del día siguiente se conoció que Vargas Pazzos había sido capturado y que el país había superado el grave atentado contra el régimen constitucional. Las fuerzas armadas habían cumplido su deber de salvaguardar la vigencia del régimen constitucional. El 17 de marzo se declaró terminados tanto el estado de emergencia nacional como la zona de seguridad al territorio de las provincias de Pichincha y Manabí, con la expresa
consideración de que la “acción patriótica y disciplinada de las Fuerzas Armadas logró sofocar los actos que dieron origen a las declaratorias referidas”.
Quienes elaboraron la Constitución que entró a regir el 10 de agosto de 1979, y prepararon las leyes de Elecciones y de Partidos Políticos, privaron a los ciudadanos independientes del derecho de intervenir en elecciones, como candidatos, puesto que tal facultad se reservó para los afiliados a partidos políticos. El Frente de Reconstrucción Nacional tuvo, como uno de sus postulados fundamentales, durante la campaña electoral de 1984, el de rescatar el
derecho de toda persona a intervenir libremente, como candidata, en los comicios. Tal derecho había sido parte consustancial de la libertad electoral lograda después de la revolución del 28 de mayo de 1944. De hecho, los Presidentes electos en 1948, 1952, 1956 y 1960 no fueron afiliados a partido político alguno, aunque recibieron el soporte de importantes partidos. De igual modo, integraron los Congresos de esa época, muchos independientes, quienes fueron factor de equilibrio en las decisiones legislativas.
Con el fin de cumplir lo ofrecido en la campaña electoral, el Presidente León Febres-Cordero decidió convocar a una consulta popular con el fin de que el pueblo aprobara la intervención libre de los independientes en las elecciones. El contenido de la pregunta fue analizado detenidamente tanto por el propio Presidente, el Secretario General de la Administración, el ministro de gobierno, los asesores políticos como por la dirección de Asesoría Jurídica de la
Presidencia. Con el fin de no recargar al pueblo con varias contiendas electorales, y no incrementar el gasto público, se decidió que el plebiscito se realizaría el mismo día de las elecciones de medio período.
Cuando se convino, finalmente, en el contenido de la pregunta, el Presiente Febres-Cordero preguntó a los presentes: «¿Habrá alguien con sentido común que conteste “No”?» Estuvimos concordes en que quienes tenían conciencia democrática votarían “Sí”, y que, por ello, era altamente improbable que el Ecuador perdiera la oportunidad de restablecer la libertad electoral parcialmente perdida con las normas entonces vigentes.
Los opositores al gobierno, sin embargo, hicieron aparecer ante la gente, de una manera hábilmente engañadora, que aprobar la reforma propuesta constituiría un soporte al gobierno de Febres-Cordero. Tiempo antes del día de las elecciones, las encuestas demostraban que el plebiscito posiblemente se perdería. Internamente, entre los Ministros de Estado, se mencionó la posibilidad de que el Presidente debía dejar sin efecto el plebiscito convocado.
El Presidente Febres-Cordero, aparte de considerar los argumentos jurídicos según los cuales, en criterio de la Dirección de Asesoría Jurídica, no cabía dejar sin efecto la convocatoria, dio mucho valor al criterio democrático de que el pueblo era quien debía decidir sobre algo fundamental, como era el ejercicio de los derechos políticos, y que por ello no se le podía privar a la gente de su facultad de expresarse, aunque lo hiciera con el engaño de la publicidad
malévolamente realizada. Además, el restablecer el derecho de los ciudadanos independientes había sido una de sus ofertas de la campaña presidencial. El pueblo tenía la facultad de aceptarla o rechazarla. El plebiscito, efectivamente, se perdió. El Presidente Febres-Cordero mantuvo la consulta sustentado en sus Principios sobre la democracia, convencido de que era su obligación respetar el consenso del pueblo, a pesar de que fue mal dirigido por la
publicidad de los opositores.
En agosto y septiembre de 1986 se condujo por parte del Congreso un juicio político en contra del Ministro de Finanzas y Crédito Público Alberto Dahik. A pesar de la lúcida defensa del Ministro, el Congreso lo destituyó. Otro ministro de Estado, consciente de la pérdida que significaba para el manejo económico el retiro del Economista Dahik, sugirió que el Presidente, en aplicación de un decreto supremo dictado por el gobierno militar, que obligaba a los
ecuatorianos a ejercer las funciones públicas a las cuales fueren designados, nombrara a uno de los diputados interpelantes como Ministro de Finanzas y Crédito Público con la obligación de aceptar el cargo. En manifestación de su respeto al Congreso, del cual él había formado parte, con evidente disgusto por la propuesta expresó el presidente Febres-Cordero: “Yo no me burlo del Congreso”.
Por razones personales, a comienzos de enero de 1987, renuncié al cargo de director de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. El 16 de enero viajé a Chile para exponer en una conferencia sobre “Terrorismo y Estado de Derecho” a la cual había sido invitado conjuntamente con el ministro juez de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ramiro Borja y Borja, y el dirigente socialcristiano Dr. Manuel De Guzmán Polanco. El avión hizo escala en Guayaquil, y se nos informó que el presidente Febres-Cordero había sido secuestrado en la base aérea de Taura, por parte de miembros de la FAE leales a Vargas Pazzos. En el aeropuerto de Santiago, periodistas me inquirieron sobre el particular, sin que pudiera en ese momento dar una opinión específica sobre lo ocurrido en concreto, pues solo conocía las referencias de los pasajeros que tomaron el avión en Guayaquil. Simplemente manifesté que tenía el convencimiento de
que esa acción sería superada por el gobierno y el pueblo del Ecuador, en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Así ocurrió.
En forma incoherente, el Congreso en marzo del mismo año, a raíz de esos acontecimientos, pidió la renuncia al Presidente de la República, en actitud contraria a la Constitución y a las leyes y en pugna con lo que significa un gobierno de carácter democrático. Esa resolución no tenía valor alguno ni era vinculante. El Presidente León Febres-Cordero me pidió que escribiera un análisis jurídico en contra del Congreso. Me excusé de hacerlo porque estimé que
responder a un a un desaguisado con razones jurídicas era actuar en el vacío e iba a provocar mayores crispamientos con el Congreso, lo que conduciría a otros enfrentamientos, que no eran del todo convenientes ante los problemas económicos que habían surgido inclusive como consecuencia del terremoto de ese mes.
Las elecciones de 2002 llevaron a la presidencia a un coronel que había intentado un golpe de Estado en el año 2000 a quien, en un acto incomprensible, el Congreso dio amnistía. El Presidente Febres-Cordero, a pesar de su salud quebrantada y de los problemas que conllevaba para él ascender a la Sierra, había aceptado ser candidato a diputado por la provincia del Guayas y había ganado la postulación. En el año 2004 se condujeron las elecciones seccionales y el coronel que ejercía la presidencia de la República usó, posiblemente, fondos públicos para apoyar a los candidatos de su partido, Sociedad Patriótica. León Febres-Cordero inició el proceso constitucional para someter al coronel Lucio Gutiérrez a juicio político por su participación en la citada campaña, esto es, hizo uso de un recurso legítimo, democrático, para que el coronel respondiera, ante el Congreso, los cuestionamientos sobre su torcida gestión. En el palacio presidencial con la intervención del Presidente del Congreso, se tramó un golpe de Estado para impedir que la legitimidad pudiera ejercer su derecho de fiscalizar al poder ejecutivo. Quienes urdieron el golpe, bajo el coronel
Gutiérrez partieron de la premisa de que nada importaba el respeto a la Constitución y a la institucionalidad, pues lo único que les interesaba era evitar que la figura política, moral y ética de Febres-Cordero enfrentara a la del golpista amnistiado, cuyo gobierno destilaba la pus de la inmoralidad. Al designio antidemocrático se unció un oscuro diputado suplente, que había reemplazado a su cónyuge, y en quien reflotaron sus orígenes vinculados con el corrupto
populismo que tenía a su Jefe asilado en Panamá. Ellos urdieron la destitución del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia y detuvieron el proceso del juicio político, lo que originó la ruptura del Estado de derecho.
Ante esos hechos, organizamos un movimiento cívico en defensa de la institucionalidad y de la democracia, que habían dejado de existir desde el 8 de diciembre de 2004, “Ciudadanos por la Democracia”, que gravitó en la conducción de las protestas públicas en contra de la dictadura. El texto de la resolución, en virtud de la cual el Congreso declaró cesante al coronel Gutiérrez, tuvo su origen en nuestra agrupación y, por informaciones recibidas, supe que León Febres-Cordero, estuvo de acuerdo. Cuando se produjo el cambio de gobierno, el 20 de abril
de 2005, el pueblo de Quito recibió la felicitación pública por parte de Febres Cordero por su defensa de la democracia. Desafortunadamente el nuevo Presidente, Alfredo Palacio, incumplió la palabra dada y no se restableció, como él nos había prometido, la vigencia del ordenamiento jurídico, mediante el retorno de los legítimos integrantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.
Publicado el texto de Montecristi el 20 de octubre de 2008, a pesar de que contó solamente con el 48,6% de los votantes, se convocó a un nuevo proceso electoral para la designación de Presidente y Vicepresidente de la República, y para la elección de miembros de la Asamblea Nacional, ente que reemplazaba al Congreso de la República. “Ciudadanos por la Democracia” consideró que el legislador Luis Fernando Torres, quien integró la Dirección de Asesoría Jurídica de la Presidencia durante el gobierno del Presidente Febres-Cordero, y había sido Alcalde de Ambato, podía ser un eficaz candidato que podía dar contrapeso a la reelección de Rafael Correa, y permitir que, sobre todo en la Sierra, el Partido Social Cristiano y otros sectores democráticos pudieran obtener representación en la Asamblea. En vísperas de la desaparición de Febres-Cordero, el Directorio del partido, con la aprobación de Febres-Cordero, dio un pronunciamiento favorable a tal candidatura. Luego de su muerte, se convocó, efectivamente, a la convención del partido; en la ciudad de Ambato, en el mes de enero de
Sin embargo, en extraño contubernio que beneficiaba a Rafael Correa, el presidente en funciones largamente prorrogadas del socialcristianismo, dio una contraorden y dejó sin efecto la convocatoria. Se trató, por otro mecanismo, de inscribir la candidatura de Luis Fernando Torres a la presidencia y del doctor Miguel Palacios a la vicepresidencia, pero el Consejo Nacional Electoral, en claro acto de fraude electoral impidió tal registro porque sostuvo que alrededor de mil cuatrocientas firmas de las de alrededor de ciento ochenta mil que patrocinaban las candidaturas no eran auténticas, sin demostrarlo, a pesar, además de que el Partido Unión Demócrata Cristiana también apoyó tales candidaturas. La impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral fue rechazada sin permitir siquiera que se expusieran los argumentos, en violación del Texto de Montecristi.
La violación de la última expresión vital por la patria del presidente León Febres-Cordero, a favor de la democracia y de la supervivencia de ideas de libertad y de economía social de mercado, con una visión más allá de los límites de su ciudad, sino bajo la certera consideración de que el Ecuador debía batallar contra la dictadura en todos los frentes, será juzgada por la historia, especialmente si no se obtiene a reacción del pueblo consciente para rescatar el imperio del Derecho.
León Febres-Cordero murió con la consciencia de que hasta sus últimos momentos, aparte de su familia, su sustancial preocupación era el destino de la patria.
No puedo dejar de mencionar el calor y respeto con el cual el Presidente Febres-Cordero trataba a su entorno de trabajo. Junto con la energía y el orden en la organización de las actividades y funciones y en el desarrollo de los proyectos, que eran al menos semanalmente revisados en reuniones conjuntas dirigidas y guiadas por él, con la presencia del Secretario General de la Administración, el Secretario Particular y el Director de Asesoría Jurídica, Febres-
Cordero transmitía confianza y respeto a todos los que prestaban sus servicios en la casa presidencial.
Cuando regresé a mi actividad privada profesional utilicé, con mis colaboradores, el sistema de control de trabajo que Febres-Cordero llevaba, no sólo con quienes trabajamos en el palacio presidencial, sino con sus ministros, sistema que él nos hizo conocer lo había mantenido en su actividad empresarial.
En agosto de 2009 un antiguo servidor de la casa presidencial, que continuaba trabajando en ella, en labores relacionadas con la atención social y domestica, con la mayor candidez y naturalidad me expresó: “Créame, doctor, ninguno de los presidentes que sucedieron al Ingeniero Febres-Cordero nos trató tan bien y con trato afecto y respeto como él lo hizo”.
Concluyo esta visión de quien tuvo una extraordinaria visión sobre la democracia y una gran percepción sobre los influjos de los poderes totalitarios con las siguientes frases del mensaje del Presidente León Febres-Cordero al Congreso Nacional el 10 de agosto de 1986:
“El principio de la división de funciones pertenece a la esencia misma de la democracia occidental. Supone independencia, pero no implica confrontación. Todo lo contrario: son funciones de un mismo poder soberano, que nace del pueblo, se encarna en el Estado y se orienta al bien común. El ideal más alto consiste en que, dentro de un republicano ambiente de respeto, de obediencia a las normas jurídicas, de cumplimiento de los deberes específicos,
colaboren patriótica y eficazmente las funciones, en beneficio del progreso superior de la nación”… “Guerra mortal a los enemigos de la Patria, valiéndose de cuantos medios y arbitrios honestos, les sugiriesen el valor y la prudencia, para lograr el triunfo”.
No son palabras de León Febres-Cordero. Son palabras y compromiso que los patriotas quiteños estamparon en el Acta del 10 de Agosto de 1809, pero que yo las siento con extraordinaria fuerza, porque mis propios antepasados lucharon y sufrieron para que que culminare la gesta emancipadora, que se inició en esta libérrima ciudad. Sé bien que ahora son otros los enemigos de la Patria —son la pobreza, la marginalidad, la desnutrición, la mentira, la delincuencia— sé bien que es una nueva libertad la que debemos conquistar —librarnos de la enfermedad, del analfabetismo, de la incomunicación—; pero sé, aún con mayor certeza que, mediante la ayuda de Dios, la patriótica colaboración de las funciones del Estado y el heroico trabajo del mi pueblo no habrá obstáculo alguno por amenazante que parezca capaz de detener nuestro formidable impulso de desarrollo y de justicia integrales.”
© 2022 Todos los derechos reservados.