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Caos en la limpieza

Itzi De la Rosa
18 agosto 2021

(Texto de Jorge A. Gallardo Moscoso, libro León, Guayaquil vive por ti).

La realidad del manejo del ayuntamiento si bien se conocía externamente por el estado de postración que acusaba la ciudad, internamente era algo así como una “caja de Pandora”, llena de sorpresas y no precisamente agradables. Desde el 17 de febrero de 1992, esos ciudadanos que más tarde, a partir del 10 de agosto del mismo año, pasarían a ser los primeros colaboradores del alcalde, comienzan a descubrir -a espantarse sería el término adecuado- pormenores de una insólita forma de administrar. Eso habría de constituirse en el gran desafío de diseñar nuevos mecanismos de gobierno municipal, que, prácticamente no existía; la podredumbre lo había alcanzado en todos los niveles.

Los alcaldes, con pocas excepciones, consiente o inconscientemente, violaban un principio de la Ley de Régimen Municipal, que claramente prohíbe a los concejales intervenir en la gestión administrativa del cabildo. Pero alcaldes sin suficiente poder político para lograr mayorías pactaron y pagaron -como precio a ese entendimiento-con cuotas de poder, entregando a los ediles el manejo administrativo del municipio, provocando el nacimiento de los denominados “pipones”. A través de ese mecanismo, también conocido como “enrolamiento” -figura legal inexistente- el municipio de Guayaquil creció con su burocracia en forma descomunal.

“Si se analizan los roles de pago correspondientes a los inicios de la década de 1980, el municipio se manejaba con un personal que bordeaba en el orden de 2.000 y 2.500 personas; en los inicios de 1990 el rol municipal llegó a casi 10.000 burócratas. Es decir, se quintuplicó el número de empleados y desaparecieron los servicios municipales para la colectividad. Nadie administraba, simplemente el municipio fue convertido en un feudo cuyos dueños eran los concejales. El municipio de Guayaquil, sencillamente, fue transformado en un galimatías, en una torre de Babel”.

De las investigaciones iniciales que pudieron realizarse se estableció, por ejemplo, que el Departamento Municipal de Aseo de Calles, cuestionado severamente por los medios de comunicación, lo mismo que por la opinión pública, hasta antes del 10 de agosto de 1992 contaba con 1.000 trabajadores, con una serie de equipos en su totalidad inservibles; más de 150 carros recolectores, antiguos y nuevos, todos desguazados; sin una sola carretilla, una escoba o un par de guantes para proteger las manos de los barrenderos. Sin embargo, cada uno de esos 1.000 trabajadores cobraba puntualmente su salario.

Parque automotor. Septiembre 1992

Es preciso señalar que siendo tan grave lo ocurrido con la limpieza de la ciudad, el gobierno nacional intervino conformando un comité interministerial, que, por vía de contratos con 2 compañías privadas y dividiendo a la ciudad en 2 sectores, logró mejorar el aspecto de la urbe. Sin duda, que Guayaquil estaba más limpia en julio que en abril del 92, pero el costo era altísimo: 470 millones de sucres semanales, si sumar el costo logístico que representaba la participación del Ejército Nacional, la Comisión de Tránsito del Guayas y varios departamentos del Ministerio de Salud.

La historia de esa manera no podía continuar y, por consiguiente, los pasos requeridos para impedir que la realidad antes de julio volviera a repetirse, e inclusive ni siquiera aceptar la leve mejoría, comenzaron a darse. Con el amparo legal de que se podían otorgar concesiones al sector privado, mentalizado por el equipo de León un grupo de técnicos nacionales y extranjeros, pagados en su totalidad por empresarios guayaquileños, trabajan en el diseño e implantación del sistema que permita, a corto plazo, sobre la base de una Ordenanza reguladora que habrá de expedirse, contar con un servicio de primera.

“Está en marcha, además, el trabajo de diseño de lo que será el relleno sanitario, que se ubicará en el sector Las Iguanas y que reemplazará al vergonzoso botadero que actualmente tiene la ciudad. Los estudios y diseño de esta obra están a cargo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) en conjunto con técnicos extranjeros, todo pagado por una importante empresa privada de Guayaquil: La Cemento Nacional. Esperamos que en un plazo no mayor a los 10 o 12 meses, después del 10 de agosto, entregar a la ciudad un sistema integral de recolección y disposición final de la basura”.

Botadero San Eduardo. Abril 1993