De vuelta a Quito, una tarde, mientras hablaba con mi mamá por teléfono, me comentó que estaba conmovida por la noticia de la desaparición, el día 8 de enero de 1988, de dos niños de apellido Restrepo, Andrés y Santiago, de padres colombianos. La noticia había empezado a crecer de a poco. Mi mamá habló personalmente con la madre de los jóvenes desaparecidos y se dedicó a pedir información al Ministro de Gobierno Luis Robles Plaza, a quien también el hecho le perturbaba y conmovía. Al inicio parecía un secuestro. Mi papá pedía informes y exigía que se aclaran los hechos. Era inadmisible que se desaparezcan dos niños y que nadie de una respuesta certera. Los hermanos Restrepo, en ausencia de sus progenitores, habían tomado el auto de la familia para ir a buscar a un amigo a su domicilio para llevarlo al aeropuerto. Ellos nunca llegaron a su destino.

La desaparición de un ser querido, en este caso niños, debe ser para enloquecer a cualquiera, con justa razón. Conforme pasaban los días el tema era más confuso y ya se temía un desenlace terrible.

Mis padres estaban conmovidos como lo estaría cualquiera. Muchas versiones surgieron. Una de ellas, que habían tenido un accidente y caído a una quebrada. Otra, que habían sido detenidos en un operativo y que habían sido torturados y asesinados por miembros de la policía. También había una versión que sostenía el absurdo que habían muerto en manos de miembros de la DEA. Todas versiones horribles y dolorosas.

Nadie en su sano juicio podría pensar que el ministro Luis Robles Plaza o mi padre haya ordenado la ejecución de unos niños inocentes y con el porvenir por delante. Por el contrario, mis padres, ambos, pusieron todo su empeño humano y su poder para que la verdad prevalezca.

La justicia había empezado sus investigaciones para determinar y sancionar a los responsables de un hecho perverso y sin precedentes. El proceso judicial duró dos gobiernos más, el de Rodrigo Borja de 1988 a 1992 y el de Sixto Durán Ballén, de 1992 a 1996. En el mes de junio de 1995, la justicia determinó que ningún funcionario del gobierno de mi papá tuvo que ver con la desaparición de los niños Restrepo Arismendi. Varios miembros de la Policía Nacional, el Cabo segundo Víctor Camilo Badillo, la subteniente Doris Morán, el teniente coronel Trajano Barrionuevo, fueron sentenciados a 16 años de prisión los dos primeros y a 8 los demás.

Con anterioridad al pronunciamiento de la justicia, el gobierno del doctor Rodrigo Borja conformó una Comisión internacional para que hiciera una exhaustiva investigación. En este caso, tampoco se encontró responsabilidad alguna del gobierno y menos aún de mi papá.

Sobre este doloroso tema, como en otros que ya hemos revisado, se tejió una leyenda bochornosa y vergonzosa. El caso Restrepo pasó a formar parte de los insumos políticos contra mi papá. Era injusto, muy injusto. Sin ningún argumento —más allá del gastado estribillo de la supuesta existencia de un aparato represor del gobierno— nunca nadie ha podido dar un argumento sólido y fiable que sirviera para sustentar que mi papá tenía algún grado de responsabilidad en un hecho por el que, sin duda, se habría sacrificado para impedirlo. Para muestra basta mencionar que todos los que asesinaron en Taura a los miembros de la seguridad presidencial y que intentaron asesinar a mi padre, gozan de buena salud física.

Todos en nuestra familia entendíamos y entendemos el dolor de los padres Restrepo Arismendi. ¿Quién en su sano juicio no iba a condolerse de una situación así. De la misma manera, nos parece a mas de contradictoria, cruel la acusación del padre de los niños en contra de mi padre. El Sr. Restrepo terminó convertido, penosamente, en un agente electoral de la oposición y un insumo de los políticos del país.