Juan Manrique

El gobierno de León Febres-Cordero fue durísimo, desde el primer día. Afrontó una oposición despiadada que criticaba acerbamente todos sus actos, de cualquier naturaleza que estos fueren. El temperamento del presidente y la habilidad del ministro Robles Plaza lograban sobreponerse a una crítica inclemente, que no daba tregua y que obstaculizaba toda acción del gobierno. Un importante miembro de la social democracia, que formaba parte del grupo de
legisladores de oposición, había tenido la avilantez de declarar ufanamente: “¡Gobernaremos desde la oposición!” Y hay que reconocer, en honor a la verdad, que la labor desarrollada por el gobierno se ciñó leal y estrictamente al programa expuesto durante la campaña electoral, lo que constituyó la razón, irrefutable en el sistema democrático, para que sea favorecido con la mayoría de los votos ciudadanos.

Sería un contrasentido inaceptable que alguien pretenda que un gobierno desarrolle una acción contraria al ideario que profesa, y ejecute un plan diferente al expuesto y sustentado en campaña electoral.

El temperamento que caracterizó al presidente, tan poco propicio para el logro de conciliaciones y avenencias propias de la acción política, fue óbice para obtener un ambiente de concordia ciudadana. Durante el periodo que precedió a la toma del poder, en el que, como he manifestado, fui su cercano colaborador, me tocó atender llamadas de importantes personalidades del mundo internacional, entre estas, la del Dr. Álvaro Gómez Hurtado, a la sazón embajador de Colombia en Washington, hijo del ilustre presidente Laureano Gómez y, luego, candidato a la presidencia de Colombia, quien asistió por expresa y especial invitación del gobierno entrante al acto de posesión de Febres-Cordero. Posteriormente, en una reunión social en la que coincidimos, luego de la ceremonia en el Congreso, tuvo la confianza de decirme: “Dígale a León, con el afecto que le tengo, que debe gobernarse buscando
coincidencias, y que en su discurso de inauguración, en cada párrafo cerró una puerta. Ese discurso le va a traer muy graves problemas”.

Fue durísima la acción contra la subversión llevada a cabo por un grupo ultraísta que intentó desarrollar una gestión reñida con la ley, y que llegó, incluso, a perpetrar atentados contra personas y bienes del Estado. Febres-Cordero, desde el inicio de su campaña, anunció que auspiciaría, como sistema de gobierno, la economía social de mercado; sin embargo, la oposición denunció que lo que se pretendía era implantar el denominado “neoliberalismo”, que nunca estuvo en sus planes, y que, por el contrario, siempre estimó inconveniente y nocivo para una economía incipiente como la del Ecuador.

Las acciones irregulares que, al inicio, intentó ejercitar un grupo de oficiales, generales en servicio activo, oponiéndose a la designación del General Grivaldo Miño como ministro de defensa, obedecieron a una maniobra de un grupo opositor y constituyeron razón para que el gobierno, con todo derecho, realizara cambios en el mando militar. Modificaciones que fueron objeto de críticas y agudizaron antagonismos que, a la larga, resultaron en la insurrección del General Frank Vargas Pazzos, comandante general de la Fuerza Aérea, y en la ulterior subversión de Taura de enero de 1987, sobre cuyos acontecimientos tengo escrito un opúsculo en donde, con el tiempo, he llegado a la conclusión de que son algunas las cosas que merecerían ser rectificadas.

En lo principal, debo ratificar que la insubordinación de Taura, que constituyó un grave atentado contra la estabilidad de la república, donde inclusive por razones de los inescrutables designios de la providencia, se frustró el asesinato del presidente Febres-Cordero y de los miembros de su comitiva y de los oficiales generales integrantes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, es un hecho que no tiene atenuantes. La intención es uno de los elementos constitutivos de la acción delictiva que puede probarse con el análisis de las circunstancias en que se produjo la infracción. La razón de haber producido la muerte de varios miembros de la seguridad presidencial que cayeron abatidos muy cerca del presidente a consecuencia de los disparos de armas de fuego efectuados por los comandos de la Fuerza Aérea, permite presumir que estaban dirigidos, principalmente, contra el jefe del Estado. No eran disparos aislados; eran ráfagas de armas de guerra automáticas manejadas por soldados enloquecidos que irrespetaron las órdenes de sus superiores.

Esos mal llamados comandos vejaron al presidente y pusieron en grave riesgo la vida de sus acompañantes. Luego del momento inicial, apresaron a todos. Febres-Cordero y el ministro de defensa, general Medardo Salazar, fueron conducidos a las oficinas de comando; y, el resto, fuimos recluidos en la capilla de la base, y sometidos, todos, a toda clase de amenazas y vejámenes. A Febres-Cordero se lo obligó a que ponga el ejecútese a la ley aprobada por el
Congreso Nacional que otorgaba la amnistía al general Frank Vargas Pazzos, con la presión que significaba haber sido informado que algunos de los miembros de la comitiva, en especial, su hermano Nicolás Febres-Cordero habían resultado mortalmente heridos en los acontecimientos iniciales.

El presidente actuó compelido por la fuerza de las amenazas y dentro de un estado de perturbación absolutamente explicable; máxime, que se le anunció que el resto de la comitiva que había sobrevivido iba a ser fusilado, en caso de negarse a las exigencias de sus captores. Febres-Cordero siempre actuó precautelando, a riesgo de su propia vida, la dignidad de la república. Las críticas negativas que recibió por parte de sus opositores fueron consecuencia de la desbordada pasión que los obnubilaba, al punto de no entender que los hechos acontecidos pusieron en grave riesgo la estabilidad del Estado ecuatoriano. La intención de sus opositores era lograr su derrocamiento aún a costa de auspiciar un hecho vandálico de lesa humanidad que lesionaba elementales principios de civilización, y atentaba contra la paz y el prestigio de la nación.

Con la misma habilidad, energía e inteligencia que demostraría luego como alcalde, Jaime Nebot, en ese entonces desde la gobernación del Guayas, desplegó una extraordinaria gestión de apoyo al sistema constitucional. Movilizó los sectores populares de la ciudad, y convocó a decenas de miles de guayaquileños que se volcaron a las calles en defensa del orden.

La libertad del general Vargas, quien se encontraba en Quito, recluido en un destacamento militar, logró superar los hechos, y que el presidente y sus acompañantes fueran liberados por sus captores. Sin embargo, la pasión llegó a límites tales, que el Congreso de la república, lejos de buscar la consolidación de la democracia y del poder constitucional, debatía infructuosamente una moción dirigida a lograr su renuncia. Únicamente, la reacción de rechazo
que se produjo de inmediato en los medios nacionales como por parte de la comunidad internacional, así como la masiva y solidaria actitud del pueblo de Guayaquil, movilizado por la decidida acción del gobernador Nebot, lograron consolidar el régimen.

Debo anotar que, con la sola excepción de los complotados, todos los repartos de las Fuerzas Armadas se alinearon a favor del gobierno, y que la posición tajante del presidente impidió que fuerzas combinadas del ejército nacional y la infantería de marina, que habían rodeado la Base Aérea de Taura, procedan a realizar una operación militar de desalojo de la base que hubiera acrecentado el número de muertos que el país entero tuvo que lamentar.

Fue a partir de esos graves acontecimientos que pusieron en inminente riesgo la vida misma del Ing. Febres-Cordero, que, llamado por él, me integré al grupo de asesores del gobierno. Taura, el terremoto que asoló un gran sector del país destruyendo parte del oleoducto transandino y la baja internacional del precio del petróleo, trastornaron la gestión gubernamental. Dichos sucesos alentaron las maniobras de la oposición y lograron la disminución de la popularidad del presidente y del régimen en general.

Febres-Cordero fue un hombre de un fuerte temperamento en la ejecución de sus decisiones. Apasionado. Sin la menor inclinación de concertar con los grupos opositores, aún cuando esto significara la imposibilidad de lograr la armonía necesaria para la conducción del Estado. Dueño de una gran determinación para impulsar las medidas administrativas que consideraba convenientes, luchaba tenazmente por lograr un sistema de descentralización y por incentivar, según sus conceptos, la actividad económica del Ecuador. Esto, como ya he afirmado, lo llevó a controvertir con sus adversarios, y a tener que afrontar una muy dura oposición por parte de los sectores de izquierda.

En materia de la seguridad interna fue implacable en la aplicación de medidas para combatir todo intento desestabilizador y, fundamentalmente, para reprimir las acciones del grupo subversivo “Alfaro Vive Carajo”, de incipiente formación, al que se atribuyó acciones delictivas que pretendieron alterar el orden interno y la seguridad ciudadana.

Pese a que en el trato personal es instintivamente amable, primó siempre en él un carácter irascible que, aún después de haber concluido su mandato, lo condujo a acrecentar las diferencias con sus adversarios. Grandes distanciamientos, profundas enemistades que pudieron ser evitadas y, que a la postre, marcaron su accionar político con el sino del conflicto y la confrontación.

Posteriormente, elegido por abrumadora mayoría por dos periodos consecutivos para el cargo de Alcalde de Guayaquil, realizó una exitosa e inolvidable gestión en beneficio de su ciudad. Su innegable condición de experto administrador concitó un justo reconocimiento por parte, no solamente de sus conciudadanos, sino del país entero. Rescató a Guayaquil de la postración en la que se hallaba sumida, ordenó grandes obras que han contribuido al adelanto y progreso de la ciudad, y lo han hecho merecedor de la gratitud de los guayaquileños a su obra y memoria.