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La lucha antiterrorista y el caso Restrepo

Itzi De la Rosa
18 agosto 2021

Por Patricio Dávila Molina, doctor en jurisprudencia y Capitán de Policía (SP).

LA LUCHA ANTITERRORISTA

Eran finales del año 1982 o primeros meses del año 1983 cuando las fuerzas del orden ecuatorianas detectaron en la zona selvática de la Provincia de Esmeraldas, varias células terroristas en proceso de preparación.

En la misma época en la Provincia de Manabí se evidenciaron al menos dos grupos de delincuentes organizados, el uno bajo el mando de un tal Macario Briones; y el otro liderado por (a) Cartucho García, quien cayó abatido en un enfrentamiento con la Policía, luego de asesinar al auditor del Banco Central del Ecuador, Sucursal Manta.

Para completar el panorama, se produjo el secuestro y brutal asesinato del industrial guayaquileño Antonio Briz López, a quien le cortaron la cabeza para enviarla como constancia de que los terroristas no jugaban.

Se evidenciaba entonces una escalada de violencia inusitada, provocada en unos casos por grupos de delincuencia organizada, y en otros, por grupos guerrilleros que siguiendo los ejemplos de las organizaciones del mismo tipo que provocaban caos y muerte en Colombia y Perú, iniciaron lo que llamaban su lucha armada en busca de la toma del poder.

Gobernaba para entonces en el país el doctor Oswaldo Hurtado Larrea, quien en mayo de 1981 asumió la Presidencia tras la muerte del Presidente Jaime Roldós Aguilera al caer por causas desconocidas el avión que lo transportaba a la ciudad de Loja.

Frente a la compleja situación que debía enfrentar el gobierno del Presidente Hurtado, con una policía que no estaba preparada para luchar contra delincuencia organizada y armada que obviamente no se detenía ante nada, tomó la decisión de enviar un grupo de oficiales de esa institución, a prepararse en España con esa finalidad.

Es así como nació el llamado “Grupo de Intervención y Rescate” (GIR) que, a su vez, formó en el país lo que sería el “Grupo de Operaciones Especiales” (GOE), para en conjunto pelear contra organizaciones delictivas y terroristas, como las auto denominadas “Alfaro Vive Carajo”, “Montoneras Patria Libre” y otras de menor importancia.

La violencia se había desatado, personal guerrillero preparado para la lucha armada había empezado su campaña con asaltos a bancos, secuestros y asesinatos; corría para entonces el 1984, año del cambio de gobierno, había ganado las elecciones el Presidente León Febres-Cordero, quien asumiría en el mes de agosto en medio del caos que ya se vivía.

Ese fue el país que recibió León Febres-Cordero y contra lo que debió luchar para salvarlo de lo que se vivió en Perú con el grupo guerrillero “Sendero Luminoso”, que fue finalmente derrotado luego de muchos años, o Colombia que ha sido y es aún víctima desde hace más de cincuenta años de varios grupos violentos que convirtieron su supuesta lucha ideológica armada en narco terrorismo, como el M19 o el ELN.

El nuevo gobierno, que debía superar por una parte el déficit en materia económica, y que afrontaba además los problemas del país con una feroz oposición liderada por quien había sido su principal oponente en la disputa por la Presidencia, tenía para colmo que enfrentar a esos grupos de terroristas que con el discurso de que luchaban por una ideología, no tenían reparo en asaltar, robar, secuestrar y hasta matar a personal civil o policías y militares.

En efecto, hubo varios hechos violentos que se produjeron desde el inicio del gobierno del Presidente León Febres-Cordero; pero, se destacaron entre ellos el secuestro al doctor Enrique Echeverría, que gracias a la intervención de la Policía pudo ser liberado con vida, el asalto al rastrillo (bodega de armas) de la Policía Nacional de El Batán en Quito de donde se llevaron gran cantidad de armamento, el asalto armado a la Base de la Marina al norte de Esmeraldas donde asesinaron vilmente a varios miembros de esa rama de las Fuerzas Armadas cuando dormían, sin al menos darles oportunidad a defenderse, el asesinato al mayor Galo Miño a quien acribillaron por la espalda, el asesinato al mayor Zea y otros oficiales y miembros de tropa de la Institución Policial cuya lista es larga, y por supuesto el hecho más publicitado y recordado, el secuestro y asesinato del señor Nahím Isaías Barquet, que murió asesinado por los secuestradores cuando las fuerzas del orden intentaron liberarlo; todos esos hechos, a más de asaltos a bancos, carros blindados que transportaban dinero, comercios, etc.

A finales del año 1987, la fuerza pública del Ecuador, a pesar de las bajas considerables que sufrió, había logrado doblegar a los terroristas auto denominados “Alfaro Vive Carajo”, algunos de ellos habían muerto en enfrentamientos con la Policía, y otros, se encontraban detenidos guardando prisión por los crímenes cometidos.

Así, pese a la feroz oposición que quiso inclusive defenestrarlo cuando fue secuestrado en la Base de Taura por un grupo de militares insubordinados, pese a la rotura del oleoducto que impidió al país exportar su petróleo por algún tiempo, pese a la caída de los precios del petróleo y de otros productos de exportación y a la guerrilla inconsciente que terminó siendo derrotada, el gobierno del Presidente de la República, Ingeniero León Febres-Cordero, inició su último año, 1988, con una razonable calma y una relativa estabilidad.

Sin embargo, un hecho aislado que fue manejado mediática y políticamente en lo posterior, un hecho en el que lo ilógico se enfrenta a lo racional, vendría a empañar o al menos pretender empañar la imagen de un gobierno y de un presidente que ciertamente fue ejemplo de honor y de civismo.

EL CASO RESTREPO

Estaba aún naciente el año de 1988, era el 8 de enero de ese año, cuando se produce un hecho que por las circunstancias supervinientes trastocaría la vida, no sólo de una familia, sino la de muchas otras y la de toda una nación.

Ese día, al amanecer, los ciudadanos Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, junto a parientes que los habían venido a visitar desde Colombia, salieron de viaje con destino a las Playas de San Vicente, en la Provincia de Manabí. Sus hijos, Santiago de 17 años, Andrés de 15 y María Fernanda de 12, se quedaron a cargo de la empleada de la casa, la señora Adorita Lara.

Sin haber descansado suficientemente, los jóvenes se levantaron en la mañana muy temprano y en un vehículo marca Trooper de la familia, salieron de su domicilio en el sector de Miravalle, a pocos kilómetros de lo que hoy es el Túnel Oswaldo Guayasamín en Quito, para ir a dejar a María Fernanda al Colegio Ecuatoriano Suizo, donde estudiaba, hecho lo cual retornaron a su casa donde la empleada les sirvió el desayuno y conversaron alrededor de las incidencias de las fiestas de fin de año que acababan de pasar.

Alrededor de las diez de la mañana, los dos jóvenes salieron nuevamente hacia la ciudad de Quito, puesto que Andrés quería acompañar al aeropuerto a un amigo que viajaba a la ciudad de Nueva York, lamentablemente, al llegar a la casa del amigo éste ya no se encontraba. Santiago a las once de la mañana debía llegar a la Universidad Católica de Quito donde realizaba el curso preuniversitario, pero las circunstancias lo obligaban a retornar a Miravalle para dejar a su hermano y luego volver a la ciudad procurando llegar a tiempo para asistir a sus clases.

El caso es que habría sido la empleada Adorita Lara, la última que vio a los jóvenes cuando los despidió en su casa a las diez de la mañana; ese fue el principio de un drama al que se ha procurado mantener con vida hasta hoy, cuando han transcurrido más de treinta y tres años.

Es necesario señalar en este punto, que todo lo que se ha expresado hasta ahora y lo que se narrará más adelante, ha sido tomado de testimonios de las personas involucradas de una u otra forma en el caso, que constan tanto en los expedientes judiciales como en informes policiales e información proporcionada a los medios de comunicación.

Cuando se nota la ausencia de los jóvenes, una pariente de ellos o amiga de la familia, considerando la ausencia de los padres, presentan una denuncia en la Unidad Policial que entonces se denominaba “Servicio de Investigación Criminal”.

El Servicio de Investigación Criminal, contaba con varias Brigadas de investigadores que realizaban las indagaciones correspondientes según su especialidad y este caso fue asignado a la “Brigada de Menores”, que se encontraba a cargo de la recientemente graduada Subteniente Doris Morán, por tratarse de la presunta desaparición de menores de edad.

La inexperiencia y poco profesionalismo de la Subteniente Morán, la llevaron a creer que involucrándose afectivamente y proporcionando falsas esperanzas a la desesperada familia de los jóvenes, realizaba un buen trabajo; pero, además, gracias al apoyo logístico de la familia que le proporcionaba vehículo para movilizarse y dinero para gastos, empezó a viajar por el país en busca de los jóvenes, basando su búsqueda en lo que ella llamaba sus “informantes anónimos”.

Es así como, según ella, surgieron versiones diversas que manifestaban que se los había visto hoy en Santo Domingo de los Colorados, y mañana camino a Ibarra, o pasado mañana por el sector de la Mitad del Mundo.

En medio de la confusión, las falsas esperanzas y los negativos resultados, la Subteniente Morán llama, el 12 de febrero de 1988, al señor Pedro Restrepo y le manifiesta que su anónimo informante le ha dicho que los jóvenes han sido vistos en el Trooper de la familia por el Sector del Comité del Pueblo en la ciudad de Quito, y que necesitaría un vehículo y dinero para rastrearlos en ese sector.

Paralelamente, del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, salen en comisión de servicios hacia la ciudad de Ambato, varios agentes, con el objeto de reforzar esa plaza por las Fiestas de la Flores y las Frutas, tradición de esa ciudad en el feriado de carnaval. Viajan en un vehículo marca Trooper, de color rojo, entre otros agentes, el Sargento Llerena, el Cabo Badillo, el Agente Sánchez (conocido como “El Chocolate”), el Agente Pineda y el Agente Hugo España.

Ellos retornan de la ciudad de Ambato el 16 de febrero de 1988, al tiempo que reaparece la Subteniente Morán que supuestamente esos cuatro días había estado rastreando sola a los jóvenes Restrepo, “barriendo” el sector del Comité del Pueblo, obviamente sin resultados.

Contra la versión evidentemente falsa de la Subteniente Morán que señaló que había visto en esos días el vehículo con los menores pero que no pudo alcanzarlos, el 13 de febrero de 1988, mientras recorrían la quebrada del Paccha, a un costado de lo que hoy es la Vía Interoceánica, los hermanos Villacís, empleados de la Empresa de Alcantarillado de Quito, detectaron en el lecho del rio, impregnados en una roca, en un lugar no visible desde la parte alta, los restos destrozados del vehículo Trooper de la familia Restrepo, precisamente aquel que conducía Santiago cuando a las diez de la mañana del día 8 de enero de 1988, salió de su casa.

Inmediatamente dieron aviso a las autoridades y se iniciaron las tareas de rescate de los restos del vehículo, así como la búsqueda de los cuerpos de los menores, sin que a pesar del rastreo efectuado se los pueda localizar.

Surgieron entonces muchas interrogantes: ¿Qué vehículo había visto, seguido y perdido la Subteniente Morán entre el 12 y el 16 de febrero? ¿Estuvo realmente la Subteniente Morán buscando a los jóvenes Restrepo durante esos cuatro días? ¿Por qué nunca pidió ayuda o dispuso que algún otro agente policial la acompañe en el trabajo? ¿Qué hizo realmente en ese tiempo? Las respuestas se conocerían mucho después, ella se enamoró del Cabo Badillo y al saber que había sido designado para ir a Ambato en comisión de servicios, tomó la mala decisión de ir tras él, y aprovechándose de la desesperación de los padres de los menores desaparecidos les volvió a mentir para que le proporcionen los recursos necesarios para su pequeña aventura.

Se había localizado el vehículo accidentado, pero pese al esfuerzo desplegado por una policía sin experiencia en ese tipo de búsqueda, los cuerpos de los menores no aparecieron; pero, además, frente a las dudas que había sembrado la irresponsable, por no decir dolosa actuación de la Subteniente Morán, los atribulados padres, exigían respuestas.

Para entonces, la furiosa oposición que lideraba la Izquierda Democrática en el Congreso, interpelaba al Ministro de Gobierno Luis Robles Plaza, no precisamente por este caso, quien terminó siendo destituido. Obviamente la situación política con una oposición que pretendía en todo momento tener contra la pared al gobierno, mantenía distraídos a sus actores, sin dejarles mucho tiempo para dedicarse a otros menesteres.

Sin embargo, los reclamos de la familia Restrepo y de ciertos grupos de izquierda que decían defender los derechos humanos, llegaron a conocimiento del Presidente de la República, quien dispuso al nuevo Ministro de Gobierno, doctor Heinz Moeller Freile, que ponga mayor atención al tema y disponga una nueva investigación del caso, procurando establecer con certeza lo sucedido.

Corría para entonces el mes de junio de 1988 cuando por orden del Presidente de la República se dispuso que un grupo especial de la Policía Nacional, vuelva a realizar rastreos a lo largo de la Quebrada del Paccha, a partir del sitio donde fue localizado el vehículo destrozado. Con personal del GIR y del GOE y el auxilio del Cuerpo de bomberos de la Ciudad de Quito y la Defensa Civil, se hicieron nuevas incursiones con la esperanza de encontrar nuevas evidencias, pero especialmente los cuerpos de los jóvenes, pues se consideraba poco probable que hubieran sobrevivido a una caída de alrededor de ciento sesenta metros.

Una vez más, los cuerpos no fueron encontrados; pero sí se encontraron nuevas evidencias de que los jóvenes iban en el automotor cuando éste se accidentó y fue a parar al fondo de la quebrada.

Entre tales evidencias, las más importantes fueron tres zapatos que fueron encontrados entre la maleza de la ladera ubicada a la derecha, si se mira desde el occidente hacia el oriente, es decir el costado que está pegado al filo de la carretera.

Esos tres zapatos pertenecían, el par completo a Santiago y el impar a Andrés, lo cual fue corroborado por la empleada Adorita Lara cuando los agentes a cargo los pusieron ante su vista.

Lo que pudo haber sido una importante evidencia de que los jóvenes Restrepo sufrieron un accidente y que estuvieron en el interior del vehículo cuando cayó al fondo de la quebrada, se convirtió a la postre en una razón adicional de dudas, de sospecha, respecto de la verdad.

Santiago se había puesto esos zapatos por primera vez el día 8 de enero de 1988, pues había sido un regalo de navidad; es decir, eran zapatos nuevos, apenas habían pasado unas horas desde que empezó a usarlos. Esos zapatos encontrados en el lugar del accidente, desaparecieron luego de que los policías a cargo, poniendo en evidencia una vez más su falta de profesionalismo, los habían dejado sin darles mayor importancia debajo de una escalera.

Cuando la señora Luz Elena Arismendi de Restrepo, acudió al SIC para reclamarlos, nadie daba razón de su paradero, hasta que, frente a la amenaza de sanción colectiva, reaparecieron los zapatos limpios y usados en un sitio distinto de aquel en que los irresponsables agentes a cargo, los habían dejado.

La madre de los jóvenes que nunca perdió la esperanza de recuperar a sus hijos vivos, y que sabía que los zapatos eran completamente nuevos, cuando pusieron ante su vista los zapatos usados, reaccionó con la lógica de esa esperanza diciendo: “Mis hijos están vivos, sus zapatos lo demuestran”.

Una lamentable acumulación de errores policiales, la evidente indolencia inicial de quienes estuvieron a cargo de la investigación, las circunstancias en que se produce la desaparición, y el hecho de que la primera evidencia fue encontrada más de un mes después, llevó a la desesperada madre a concluir que sus hijos estaban vivos, y que la Policía le ocultaba información. Puedo asegurar sin temor a equivocarme, que, al contrario de la madre, el padre siempre supo la verdad.

Es apenas obvio que, en las primeras etapas de la investigación, el hecho no llegó a las esferas superiores del gobierno; y es apenas al final de la administración, cuando por los reclamos de los padres, llega el caso a conocimiento del Presidente, y este, tal como se dijo, dispuso que se haga una más profunda y técnica investigación. Al poco tiempo terminó el período gubernamental para el cual fue elegido el Presidente León Febres-Cordero y lo relevó en el mando del país su rival político, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, a quien había derrotado en las elecciones anteriores.

Durante el primer año de gobierno del doctor Borja, las manifestaciones encaminadas a reclamar porque se encuentre a los desaparecidos hermanos Restrepo, y a desacreditar a la Institución Policial, fueron en aumento, hasta que el Comando General de Policía decide disponer una vez más que se vuelva a investigar y para hacerlo conforma una comisión del más alto nivel en materia de investigación, a la que se integra por petición expresa del Comando, un delegado de la Fiscalía Provincial de Pichincha, el entonces Licenciado Fabián Falconí Arias, quien junto con el General Gustavo Gallegos y otros prestigiosos investigadores realizan un trabajo detallado y meticuloso, recurriendo a expertos en varias materias para llegar a conclusiones certeras y lógicas.

Por la misma época, la Cámara de Comercio de Quito, de la que era miembro Pedro Restrepo, ofreció una recompensa de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/. 10.000.000,oo), más o menos diez mil dólares (US$ 10.000,oo), a quien proporcione información relacionada con el caso, y eventualmente la ubicación de los jóvenes Restrepo, quienes para entonces habían estado desaparecidos por alrededor de dos años.

Algo después, por la presión mediática, el Presidente Rodrigo Borja acepta conformar una Comisión Internacional que la integrarían entre otros un ciudadano chileno (radicado en el Ecuador) de nombre Juan de Dios Parra, la señora Elsie Monje (conocida activista de los derechos humanos), el Procurador General del Estado, Dr. Gustavo Medina López, algún otro ciudadano extranjero cuyo nombre no recuerdo, el padre de los menores Pedro Restrepo y su cuñada la periodista colombiana Cecilia Arismendi.

La Comisión de Alto Nivel integrada por profesionales de la investigación y el delegado de la Fiscalía, luego de analizar todos los testimonios existentes y volver a interrogar a los involucrados, solicitar la intervención de expertos en diversas materias, analizar todas las pistas falsas o no que se dieron en su momento, y buscar todos los indicios posibles relacionados con el hecho, se plantearon cuatro hipótesis: i) La posibilidad de que los jóvenes hayan decidido huir del hogar de manera voluntaria; ii) La posibilidad de que hayan sido secuestrados con fines extorsivos u otros; iii) La posibilidad de que la Policía los haya detenido por el hecho de conducir un vehículo sin documentos que los autoricen o por error, debido al hecho de ser hijos de colombianos; y, iv) La posibilidad de un accidente de tránsito.

De esas hipótesis, la primera fue descartada debido a que no se encontraron razones valederas para que dos jóvenes estudiosos, formales y bien educados escapasen del hogar; la segunda se descartó también debido a que no existía evidencia de que alguien se comunicara para pedir rescate y tampoco se encontraron razones de peso que puedan llevar a concluir que se pudiese tratar de una venganza o algo de similar naturaleza; la tercera también fue descartada basándose en diversos hechos, como por ejemplo el que en la ruta seguida por los jóvenes no se encontraron datos de que alguna unidad policial hubiese realizado algún operativo de tránsito o anti delincuencial, porque la lucha contra la guerrilla había cesado luego de que fueran diezmados y derrotados los últimos vestigios de ella, en el año anterior, y lo que pudiese quedar ya no representaba peligro, además no existía constancia en ninguna unidad policial de que los jóvenes Restrepo hubiesen ingresado en calidad de detenidos y finalmente porque si bien sus padres son colombianos, se consideró que son personas honestas residentes en el Ecuador desde hace más de veinte años (a la época) y de que sus hijos eran ecuatorianos por nacimiento y su dialecto tan quiteño como el de cualquier otro quiteño; finalmente, basando la conclusión especialmente en varios informes técnicos, se dijo que la hipótesis más probable era la del accidente de tránsito, puesto que según el informe de la compañía INESPA, el vehículo presentaba evidencia de que el impacto se produjo cuando el vehículo bajaba de Quito a Miravalle pues la llanta derecha fue la que se impactó contra el bordillo de la carretera, por otra parte, era evidente que al impactarse contra el bordillo y caer, alguien conducía el vehículo, pues el cinturón de seguridad del conductor estaba desenrollado y se había arrancado de su base, probablemente cuando luego de caer cerca de ciento treinta metros, se impacta en una parte saliente de la ladera, desprendiéndose el motor e impulsándose hacia adelante para ir a caer finalmente a la quebrada, también por supuesto el hecho de que los zapatos de los menores hayan aparecido en el sitio, etc.

Por otra parte, la oferta de recompensa de la Cámara de Comercio de Quito, despertó las ambiciones y como no podía ser de otra manera, surgieron diferentes versiones, una más disparatada que la otra, las que por cierto también fueron analizadas y contrastadas con documentos, por la Comisión de Investigadores de Alto Nivel, para establecer la veracidad de las mismas y admitirlas o descartarlas según corresponda. Al final, ninguna resultó ser cierta.

Entre esas versiones estuvo la del ex agente policial Hugo España, al que los miembros de la Comisión Internacional denominaron “el testigo caído del cielo”, quien manifestó que entre el 9 y el 11 de enero de 1988, mientras se encontraba en calidad de clase de llaves (el que tiene a su cargo las llaves de los calabozos) en el cuartel del Servicio de Investigación criminal de Pichincha ubicado en la calle Montúfar de Quito, debido a que estaba castigado desde diciembre del año anterior por no haberse presentado a trabajar varios días, se percató de que estaban dos jóvenes menores de edad, uno de los cuales el 11 de enero alrededor de las ocho de la noche fue sacado por el Sargento Llerena y trasladado con rumbo desconocido. Dijo también que luego de un tiempo regresó por el otro menor, al cual también se lo llevó para, cerca de la media noche, retornar finalmente él solo y ordenarle que lo acompañe hasta unas cuevas en el sector de Guápulo de donde junto con otros compañeros sacaron dos fundas negras de basura que fueron colocadas en un Trooper de color rojo.

Siguió su narrativa y señaló que luego él, junto con Llerena, Badillo, “El Chocolate”, Pineda y un par de agentes más, en el mismo vehículo se dirigieron a la Laguna de Yambo, ingresando hasta la orilla de la misma, donde se estacionaron, bajaron las fundas de basura de color negro y un bote auto inflable.

Continuando con su historia, dijo que el Sargento Llerena le ordenó que pongan piedras en las fundas y que entonces se dio cuenta de que en ellas estaban unos cadáveres que según pudo darse cuenta eran de los hermanos Restrepo. Aseguró más adelante que colocaron las fundas en el bote y que remaron hasta el centro de la laguna y allí botaron las fundas de basura con los cadáveres, para luego retornar a la orilla, embarcarse en el Trooper rojo y retornar a Quito.

Más adelante veremos las contradicciones de España cuando sus afirmaciones fueron contrastadas con sus propias afirmaciones y documentos oficiales, tanto de la institución policial como de otras instituciones.

Mientras tanto la Comisión Internacional presidida por el Chileno Juan Parra, no hacía nada e iba rumbo al fracaso, hasta cuando les cayó del cielo la historia de Hugo España, de la que se agarraron con uñas y dientes para, a pesar de todas las contradicciones que ellos mismos constataron, concluir que esa, la versión de España, era la verdad de las verdades y que ningún documento por oficial que sea o contradicción que se produzca por más clara que se presente, podía estar en contra de lo dicho por “el testigo caído del cielo”.

En efecto, como única supuesta prueba, contra toda la lógica evidente, asumieron como verdad absoluta la narración de España en el sentido de que los jóvenes Restrepo habían sido asesinados y desaparecidos en la Laguna de Yambo por un grupo de Policías, rechazando la posibilidad del accidente de tránsito, y el hecho de que los cuerpos pudieron ser arrastrados por la corriente del agua en una quebrada que recibe todo el torrente lluvioso de la zona centro norte de la ciudad de Quito; y esto, a pesar de que buzos de la Armada Nacional primero y de un equipo francés contratado por el Estado después, determinaron que en la laguna de aguas dormidas de Yambo, no existía vestigio alguno de cuerpos humanos.

Pudo más el deseo de la Comisión Internacional, entre cuyos miembros estaba el padre y su cuñada, por dar la razón a los padres que las pruebas que evidenciaban la falsedad de las afirmaciones del expolicía España. Todos los documentos oficiales que fueron incautados por la Comisión, –por ser redactados y/o emitidos en orden cronológico– no podían ser alterados, extraídos o intercalados, y mostraban la verdad como veremos más adelante; pero aún si se dudase de los documentos policiales, hubo uno emitido por la Contraloría General del Estado, que demostraba que el famoso vehículo Trooper rojo mencionado por España, estaba inutilizado en la fecha en que él dijo se habían trasladado a la Laguna de Yambo. Ese automotor, tenía, nada más y nada menos que desmontados los frenos el 11 de enero de 1988.

Jamás se pidieron explicaciones tampoco respecto del hecho de que en un Trooper, que a duras penas tiene capacidad para cinco pasajeros, según España había transportado, incluyéndolo, por lo menos a siete agentes de policía, además, naturalmente, de las dos fundas de basura que supuestamente contenían dos cadáveres; y claro, el “bote auto inflable”, del cual jamás se dijo ni se molestaron en preguntar, qué hicieron luego con él.

Asumamos que con esfuerzo lograron meter en el vehículo todo lo que se dijo, pero analicemos lo del bote auto inflable: si éste era auto inflable, entonces era de caucho; para que soporte el peso de tres o cuatro personas y dos cuerpos sin vida, con piedras dentro de las fundas de basura, debía ser de un tamaño regular y para que el piso no se hunda, necesitaba que se pongan piezas de tabla o aluminio que lo impidan; y además, necesitaba o motor fuera de borda o al menos remos para trasladarse al centro de la laguna (más o menos de cien a ciento cincuenta metros), por cierto en la oscuridad de la noche.

A propósito de las fundas de basura, asumamos que eran de tamaño jumbo, aun así, ¿se reconstruyó la situación para verificar que un cuerpo en cuclillas puede ser colocado en ella?, ¿si la funda plástica soporta el peso del cuerpo (entre ciento veinte y ciento cincuenta libras, si no es más)?; y además, ¿con el peso de las piedras que según España colocaron para que las fundas se hundan en la Laguna? La respuesta es no, no lo hicieron, simplemente lo creyeron a pie juntillas, era la palabra del “testigo” que permitía lograr un objetivo, sin importar si era verdad o mentira.

Y sobre otras falsas afirmaciones, como cuando en las oficinas de la Procuraduría General del Estado se interrogaba al Agente Sánchez (a) “El Chocolate” y este demostraba con fotos fechadas y documentos, que el 11 de enero de 1988 no estuvo en Quito sino en la Frontera con Perú a donde había sido enviado en comisión de servicios, salió de detrás de la puerta el “testigo estrella”, quien para defenderse manifestó textualmente: “él no es el chocolate que yo digo”, pese a que en el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha no había otro con ese sobrenombre.

De igual modo sucedió con el Agente Pineda, él demostró sin dejar lugar para las dudas que a esa época prestaba sus servicios en Guayaquil y que fue trasladado a Quito, recién en el mes de febrero de 1988, casi un mes después del 11 de enero de ese año.

Aclaro solo para evitar confusiones que, si bien estos dos agentes por las razones señaladas no pudieron estar en el teatro montado por España el 11 de enero de 1988, sí fueron parte de la comisión que viajó a Ambato junto con España y los otros agentes mencionados, el 12 de febrero del mismo año, es decir un mes después.

En fin, estos no fueron más que unos pocos ejemplos de las contradicciones y evidencias documentales que demostraban hasta la saciedad que España mentía, pero si ese testimonio era descartado, se les caía el caso, y no lo podían permitir, pues ya no era únicamente la finalidad localizar a los jóvenes vivos o muertos, existían objetivos políticos, y, además, económicos.

El objetivo político, en el gobierno de la Izquierda Democrática, era desacreditar la gestión del Presidente León Febres-Cordero Rivadeneira, que contaba entre los éxitos de su gobierno el no haber permitido que el terrorismo delictivo se tome el país por la fuerza de las armas, sabían que jamás podrían probar que él tuvo algo que ver con el caso, pero sabían también que repitiendo miles de veces la misma mentira, esa versión de los hechos quedaría arraigada en el sentimiento popular.

El objetivo económico se constataría después, cuando pese a haber logrado que se sentencie de manera injusta a un grupo de policías que fueron convertidos en culpables solo con el testimonio nacido de la imaginación de un delincuente; en efecto, sería el Procurador General del Estado, doctor Milton Álava Ormaza, quien regalaría de recursos del Estado DOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 2.000,000,oo) al ciudadano Pedro Restrepo, como indemnización que en la práctica se dio por el accidente de tránsito peor investigado del mundo.

EL JUICIO

Fue así como un caso en el que nunca se comprobó la existencia material del delito, porque jamás aparecieron los cuerpos de los supuestamente asesinados, el que fue conocido como el “Caso Restrepo”, en el que la desaparición aparentemente accidental de dos menores de edad, precedida de una pésima investigación policial inicial, trajo como consecuencia que se induzca a pensar que la Policía Nacional en pleno, había eliminado sin causa aparente a los menores, para posteriormente hacer desaparecer sus cuerpos para encubrir su muerte. Pero, además, en el colmo de la insensatez, se puso en duda a todo y a todos, cuando se acusó sin fundamentos a cada uno de los Ministros de Gobierno de la época, de encubrimiento; a la Armada Nacional, de haberse puesto de acuerdo con la Institución Policial, para no encontrar los cuerpos; y, hasta al Presidente de la República de ser el causante del suceso, por haber apoyado en su momento la represión armada de los elementos subversivos que entonces tenían azorado al País.

Tal como quedó expresado, el Presidente de la época, Ing. León Febres Cordero, frente a la evidencia de un deficiente trabajo policial en el caso, y frente al reclamo en tal sentido de los padres de los menores, dispuso la conformación de una comisión investigadora especial, para que se realice una correcta investigación, sin prescindir de los recursos que fueren necesarios para que se descubra la verdad.

Posteriormente, otra comisión, basándose en una gran cantidad de documentos e informes técnicos, propuso cuatro hipótesis perfectamente coherentes, respecto de las cuales, con razonamiento y motivación suficiente, planteó como la más probable, aquella que se ajustaba a lo evidente y probado.

Sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Walter Guerrero Vivanco, años más tarde dictó sentencia contra un grupo de exintegrantes de la Institución policial, acusándolos del asesinato de los menores Restrepo; pero, ¿en qué fundamentó su fallo?

Los cuerpos de los menores jamás aparecieron; los testimonios, lejos de ser coincidentes eran más bien contradictorios; los vestigios llevaban a pensar que se trató de un accidente de tránsito que por el sitio en que se produjo, había provocado la desaparición natural de los cadáveres (arrastrados por la fuerza del agua, especialmente procedente de las alcantarillas de la ciudad de Quito); los informes técnicos permitían concluir, no solo que sí era factible el accidente, sino que era lo más probable; y que, de igual modo, era posible que la fuerza de la corriente, crecida por ser época lluviosa, hubiera sido la causante de la desaparición de los cadáveres.

Las causas determinantes de la sentencia condenatoria, que llegó durante el gobierno del doctor Rodrigo Borja, fueron: una campaña agresiva de los padres de los menores, quienes apoyados por grupos de los denominados “defensores” de los derechos humanos, que vieron en este hecho la oportunidad de hacer presencia y ganar espacio, lograron que la prensa y consecuentemente la opinión pública,(*) por solidaridad humana, creyera su propia versión de los sucesos; como ya señalamos, una pésima investigación policial inicial, agravada por la dolosa actuación de los investigadores que sin medir las consecuencias de sus actos, no sintieron remordimiento alguno al momento de extorsionar a los atribulados y confundidos padres que habían perdido a sus hijos, exigiéndoles dinero para supuestos rastreos que jamás realizaron y que tenían como base (según la versión dada a los padres de los menores) “un informante anónimo”; pero, lo determinante, la versión de un expolicía con delirios de grandeza, resentido con la institución policial y todos aquellos de sus miembros que lo habían “perseguido” mientras estuvo dentro de ella, quien, “confesó” haber colaborado con sus ex compañeros, cuando estos hicieron desaparecer los cuerpos del delito en la laguna de Yambo, lugar en el que pese a que las aguas son dormidas, y que por disposición del gobierno de Borja se hicieron rastreos con buzos de la Armada Nacional y otros extranjeros (concretamente franceses), jamás fueron localizados los cuerpos.

(*) “No tengo ya derecho a sorprenderme de esta suerte de acusación contra un sindicado. Desde el punto de vista jurídico y racional es sencillamente inadmisible. Y desde el punto de vista de lo que el proceso reza y de las circunstancias que lo informan, es apenas su lógica consecuencia. No es sólo el público quien admite como indiscutible la hipótesis a que se refiere el funcionario; es el mismo funcionario y todos los demás funcionarios actuantes quienes se relevaron de las obligaciones primordiales que la ciencia de las pruebas impone a los delegados de la autoridad y se sumaron al coro del prejuicio público, haciendo de una entidad imaginaria o de un supuesto colectivo un hecho demostrado.”

Más, ¿era esto suficiente para dictar sentencia condenatoria, por el delito de asesinato, en contra de varias personas?

Las piezas procesales determinan que no, la versión del expolicía HUGO ESPAÑA es incoherente y totalmente opuesta a los documentos que en relación con ella existen en el proceso; pero lo que es peor, cuando en varias oportunidades fue convocado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que aclare sus aseveraciones se negó a declarar, “acogiéndose al derecho del silencio” ¿! Sobre este aspecto, refiriéndose a los hechos que necesitan de prueba, el Tratadista Roberto León Vargas dice:

“En el derecho ecuatoriano el silencio supone los hechos no admitidos por la contraparte y los vuelve necesitados de prueba.”

Analizando la declaración de España, encontramos que: cuando dice que fue castigado el 2 de enero de 1988 por el Director Nacional de Investigaciones, se establece que esa fecha fue sábado y parte de un feriado de cuatro días, consecuentemente, dicho funcionario no trabajó; cuando dice que por haber estado castigado lo asignaron a la custodia de los calabozos, los documentos determinan que se encontraba de guardia, pero en la casa de un jefe policial; cuando dice que el 8 de enero de 1988 vio a los menores en los calabozos del SIC de Pichincha, surgen otras versiones totalmente contradictorias que aseguran haberlos visto en el Centro de Detención Provisional de Quito; cuando dice que se trasladó con sus compañeros hasta la Laguna de Yambo en un vehículo Trooper de color rojo (único de la unidad policial a la que pertenecía), se establece documentalmente, que dicho vehículo se encontraba sin el sistema de frenos, porque este había sido desarmado para su reparación; cuando dice que entre quienes viajaron con él a la Laguna de Yambo, se encontraba el Agente de apellido Sánchez (a) “El Chocolate” y este demuestra que tal cosa no pudo suceder porque en esa fecha se encontraba (documentalmente probado) en otro sitio, cambia su versión y dice que se trata de otro “Chocolate”; cuando dice que el 12 de enero de 1988, gracias a su colaboración en tan execrable hecho, le levantaron el castigo, los documentos demuestran que más bien en esa fecha, fue castigado con treinta días al calabozo por parte del Director Nacional de Investigaciones.

Los documentos demuestran que el expolicía era un pésimo elemento policial, que había falsificado documentos para su ingreso a la Policía, que en todas las unidades en las que había prestado sus servicios había recibido un sinfín de sanciones, y que concluyó su carrera con orden de detención por el robo y cobro de un cheque del sueldo de un oficial, y posterior deserción al no haberse presentado a cumplir la orden de detención indicada; luego, registra al menos una detención, debida a la acusación de una prostituta que aseguraba que él se dedicada a la extorsión, haciéndose pasar por agente policial cuando ya no lo era.

En lo que se refiere a su versión, los documentos demuestran que se fundamentó en hechos ciertos para narrar su historia, pero que cambió fechas y circunstancias, adecuándolas a los fines que perseguía y que eran los de recibir una recompensa y a la vez vengarse de aquellos que para él le habían causado daño e impedido continuar dentro de la institución policial; así:

El 7 de diciembre de 1987, luego de no haber asistido a trabajar por doce días, se presenta ante el Oficial de Guardia del SIC de Pichincha, quien le manifiesta que debe acudir al despacho del Jefe, porque de acuerdo con la Ley, se había informado al superior para que se dé tramite a su baja. En efecto, el Jefe de la unidad le deja saber que ya había notificado sobre la novedad al Director Nacional de Investigaciones, y que, por lo tanto, estaba en manos de él la decisión. Con tal noticia, acude al despacho del Director, sitio en la calle Juan León Mera, a media cuadra de la calle Veintimilla, en la ciudad de Quito, al que le cuenta su versión en el sentido de que se había encontrado enfermo y que por tal motivo no asistió a trabajar, para demostrarlo; había presentado una serie de certificados médicos extendidos por galenos particulares. En actitud justa (pero que constituiría a la postre un gravísimo error), el Director remite el caso a la Dirección de Sanidad, con el objeto de que se confirme la versión. El 10 de diciembre de 1977 es confirmada la versión de que España se había encontrado enfermo, y ante tal respuesta el jefe policial decide no sancionarlo ni tramitar su baja, sino más bien disponer se lo reintegre al servicio, otorgándole funciones. Pese a ser un caso que podía ser tratado de manera ambulatoria, España permanece hospitalizado hasta el 17 de diciembre de 1987, fecha en que se reintegra a sus labores, siendo asignado a realizar servicio de guardia en la casa del Comandante General de la Policía. En tal función permanece, según los partes, órdenes del día, libros y más registros del SIC de Pichincha, hasta el día 12 de enero de 1988, fecha en que recibe una sanción por parte del Director Nacional de Investigaciones, quien dispone que cumpla dicha sanción por treinta días en los calabozos para policías de la unidad. El 11 de febrero cumple la sanción y recibe la orden de que junto con los agentes Llerena, Badillo, Sánchez (“El Chocolate”), Pineda y otros tres, se trasladen a la ciudad de Ambato, para reforzar la plaza por la Fiesta de las Flores y de las Frutas; uno de los vehículos que utilizan para el traslado es el Trooper rojo de la unidad policial a la que pertenecían.

Como se explicó antes, cambió fechas y circunstancias: sí estuvo enfermo, pero casi un mes antes de lo expresado por él en su declaración; sí fue sancionado, pero más de un mes después de lo que él señala, y con posterioridad al 8 y 11de enero de 1988 que son las fechas en las que dice haber sido testigo de maltratos a los menores y de la desaparición forzada de sus cuerpos; sí viajó en el Trooper rojo, junto con Llerena, Badillo, Sánchez, Pineda y otros, pasando por la Laguna de Yambo, pero lo hizo a la ciudad de Ambato un mes después de lo que manifiesta en su declaración y con fines completamente diferentes.

Procesalmente consta que la versión de Hugo España es falsa de falsedad absoluta; pero el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia condenatoria en contra de los acusados por el expolicía.

En el caso se dieron dos versiones: la versión policial que luego de descartar el secuestro; la fuga de su hogar por parte de los menores; o la alegada versión de los padres en el sentido de que habían sido asesinados por policías; llegó a la conclusión de que la causa más probable de la desaparición de los menores era el accidente de tránsito; y la versión de los padres que se acaba de mencionar y que decía que (pese a no existir causa aparente), la Policía los hizo desaparecer luego de asesinarlos.

La versión policial se fundaba en el hecho de que los menores se quedaron solos en su hogar cuando los sucesos se dieron, salieron en un vehículo de propiedad de los padres y no regresaron; pero, luego de más de un mes, dos trabajadores del alcantarillado de Quito, encontraron los restos destrozados del vehículo, en el fondo de una quebrada (Paccha), que conduce las aguas servidas de la ciudad y que en ese período, 8 de enero a 13 de febrero, debido a las fuertes lluvias, el nivel de las aguas había subido según consta en informes del INERHI y del INAMHI hasta nueve veces su nivel normal, facilitando obviamente el arrastre de los cuerpos.

La versión de los padres fue variando conforme avanzó el tiempo; y se basó fundamentalmente, en que debido a que la Policía en época reciente combatió con fuerza a la guerrilla y al narcotráfico, confundieron a los menores con guerrilleros o narcotraficantes, “porque eran de ancestros colombianos” (por ser nacidos en el Ecuador, tenían acento y dialecto Quiteño) y conducían un vehículo sin credenciales (¿?); que tres delincuentes (entre ellos Guillermo Plin Méndez) que a la postre se comprobaría no estuvieron en el CDP sino en el Penal García Moreno, aseguraban haberlos visto en el primero de los centros nombrados, el 8 de enero de 1988; que la investigadora los engañó diciéndoles que ella los encontraría, con el único objeto de obtener dinero de ellos (esto es verdad); que según Hugo España, este los vio el 8 de enero de 1988 en los calabozos del SIC y luego colaboró el 11 de enero del mismo año, en el traslado de los cuerpos a la Laguna de Yambo; y finalmente, que los cuerpos no aparecieron en el lugar del accidente.

¿Cómo probar con certeza cuál de las dos versiones era la auténtica? ¿De qué modo se podía comprobar que no fue un accidente sino un asesinato? ¿Cómo llegar a la verdad?

En mi concepto, el único modo de conocer las verdaderas causas de las muertes (si es que se produjeron, que es lo más probable), era a través del examen de los cuerpos del delito, su reconocimiento y autopsia, para llegar a un diagnóstico verdadero de lo que causó las muertes. Esto por obvias razones, no pudo cumplirse.

Pero sucedió algo muy grave, tampoco se cumplió lo que determinaba el segundo inciso del artículo 72 del Código de Procedimiento Penal de la época, cuando dice que el único otro modo de probar la existencia de una infracción, cuando los vestigios han desaparecido (que no era el caso en su totalidad), es a través de otras pruebas, “que en su conjunto los establezcan de manera irrefragable y concluyente.”

La versión de España era fácilmente comprobable; ya se ha dicho que toda la documentación probaba que mentía, que era un sujeto de pésimos antecedentes y en consecuencia un “testigo” no idóneo; y, había algo peor, la Ley determina que no se puede aceptar el testimonio de un co-sindicado contra otro u otros. España estuvo sindicado y fue sentenciado en el proceso. Pero asumamos que todo lo mencionado sobre España también era dudoso y que él era sólo un testigo y no un sindicado, la obligación del juzgador era salir de toda duda razonable. Pudo convocar por ejemplo a rendir testimonio a cualquiera, o varios, o todos los cincuenta y ocho detenidos, plenamente identificados, que estuvieron en los calabozos del SIC de Pichincha entre el 8 y 11 de enero de 1988. ¿Por qué no lo hizo? No había necesidad, ya la opinión pública había juzgado y sentenciado, se había concluido que se trataba de un asesinato, sin que exista EL CUERPO DEL DELITO.

“Si quisiéramos, fácilmente, impresionaríamos a los lectores con la historia de los errores judiciales en que se ha incurrido, por no haber creído indispensable la prueba material de ese cuerpo del delito, sin el cual no hay delito, y por haber creído suficientes los simples testimonios ordinarios.”

“Por eso el derecho canónico lo declara obligatorio; y en las leyes germánicas de la edad media se ven ya huellas del examen del cuerpo de la víctima. En Inglaterra este examen está regularizado de una manera especial, el coroner (coronator) tiene encomendada la misión de descubrir, acompañándose de testigos, la existencia del cadáver y el modo de haber sobrevenido la muerte. Estas ideas generalmente esparcidas, se han reproducido en La Carolina, que obliga al magistrado a proceder a la comprobación judicial en caso de homicidio. Poco a poco se extendieron estos principios a todos los procedimientos criminales, y como cada día se hacía sentir más la necesidad de la manifestación del cuerpo del delito, se estableció, como regla, recurrir a la inspección en todos los casos en que el juez pudiera esperar que le suministrase elementos de convicción, relativamente, a ciertos hechos decisivos en la causa.”

FINALMENTE

Han pasado treinta y tres años desde que se produjo este infausto suceso, a pesar de lo cual, se han realizado más y más investigaciones, han aparecido más y más versiones, se han realizado más y más incursiones a costa del Estado en la Laguna de Yambo con nuevos expertos en buceo y búsqueda bajo el agua, y jamás han logrado encontrar nada allí; pero nunca, excepto en las postrimerías del gobierno del Ingeniero León Febres-Cordero, se realizaron posteriormente búsquedas a lo largo del lecho de la quebrada del Paccha y/o de los ríos de los que esta es afluente. Obviamente esto último no interesaba a aquellos que lograron forjar una historia, cuyo único sustento era el falso testimonio de un delincuente.

Resulta interesante recordar que, en el mes de junio de 1988, cerca de las seis de la tarde (ver Revista Vistazo de ese mes y año), en un lugar muy cercano a aquel en que fue localizado el vehículo accidentado de la familia Restrepo, se produjo un accidente de aviación en el que fallecieron varios altos oficiales de la FAE, incluido su Comandante General. Ya no era época lluviosa y las tareas de rescate se iniciaron de inmediato (no treinta y tres días después) con el concurso de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Cruz Roja; sin embargo, dos cuerpos no aparecían, el del Agregado Militar de Israel en el Ecuador y el de un Teniente Coronel de la FAE, cuyo nombre me reservo por respeto a su memoria. El cuerpo del Oficial Israelí fue localizado al día siguiente, quince kilómetros río abajo, totalmente destrozado. Del Teniente Coronel de la FAE, sólo se localizaron sus botas.

De cualquier forma, ha quedado en el recuerdo histórico de los ciudadanos que gracias a la lucha antiterrorista y anti delincuencial que libró el gobierno del Presidente León Febres-Cordero Rivadeneira, el país volvió a ser un remanso de paz que duró por muchos años, librándonos de padecer, sangre sudor y lágrimas como sucedió en Perú y sigue sucediendo en Colombia; y respecto del denominado “Caso Restrepo”, más allá de la injusta e ilegal sentencia que se dictó en contra de un grupo de expolicías, algunos de ellos ya fallecidos, los enemigos políticos y la prensa adversa, jamás pudieron probar que el Presidente Febres-Cordero haya tenido algún tipo de participación en el incidente que habría producido la lamentable desaparición de dos jóvenes ecuatorianos de comportamiento ejemplar, y que al contrario, cuando conoció del hecho hizo lo que podía hacer en su calidad de mandatario.