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La oposición tumba la Corte y el terrorismo empieza sus ataques (extracto libro León, mi padre)

Al inicio del mes de octubre de 1984, cuando apenas se daban los primeros pasos para generar un cambio que dinamice al país, el Congreso Nacional fue convocado por su presidente, Raúl Baca Carbo, a un período extraordinario, a pesar de estar en curso el período ordinario, con el propósito de defenestrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que habían sido elegidos en el gobierno de Osvaldo Hurtado de conformidad con la Constitución y la ley, y designar nuevos en sus reemplazos. Efectivamente, el día 2 de octubre de 1984, la mayoría opositora del Congreso dio por terminado el período de los jueces de la Corte y designó a los nuevos 16 magistrados que la conformaban.

El Congreso, cumpliendo su anuncio de gobernar el país, violaba la Constitución de manera descarada. La reacción del gobierno fue, como era su obligación constitucional, la de impedir que se consumara la violación y, a pedido de la propia Corte Suprema, dio protección policial [los famosos “tanques” no eran tales, los que fueron a la Corte eran los vehículos antimotines de la policía, también llamados trucutús a las instalaciones de la misma. Jamás hubo tanques
ni fue el gobierno nacional el que impuso una Corte, fue precisamente al revés. La mentira de que mi papá quería una Corte propia y que militarizó las instalaciones del llamado Palacio de Justicia, ha sido repetida una y mil veces como parte de la propaganda de la izquierda. Jamás han admitido que fueron ellos, las fuerzas del bloque llamado progresista del Congreso, los que fraguaron la toma y control del poder judicial con jueces nombrados a dedo.

Para completar el cuadro que revela el acecho al gobierno y la pretensión de someterlo por todos los flancos, el día 31 de octubre, el denominado Bloque Progresista, mayoritario del Congreso, apoyó una huelga nacional propuesta por el Frente Unitario de Trabajadores, FUT.

Las huelgas y los llamados paros eran mecanismos de los dirigentes para provocar negociaciones y obtener prebendas; una vez obtenidas, se recurría a este mecanismo una y otra vez sin fin. Mi papá decidió no sentarse a negociar cuestiones que le competían al gobierno y que el país había aprobado mayoritariamente al elegirlo. Si no les abría la puerta, los mecanismos de chantaje cesarían o tendrían otras connotaciones. En todo caso, era inaudito, por decir lo menos, que una mayoría parlamentaria aupara y promoviera una huelga nacional nada más haberse instalado el nuevo gobierno.

Al finalizar el año 1984, en diciembre, a fin de recortar los subsidios a los combustibles, el gobierno dispuso el incremento del precio de la gasolina y sus derivados, en un porcentaje promedio del 66%. Mi papá decía que las personas que querían gasolina barata no se daban cuenta que lo que no pagaban en la gasolinera al momento de abastecerse, lo pagaban en aranceles e impuestos que hacían que todo fuere más caro. El subsidio no significa que el Estado, con recursos de los ciudadanos, no pague al importar combustibles el precio del mercado internacional. Sostenía que era más saludable pagar el valor correcto en la gasolinera y tener aranceles más bajos y menos impuestos que permitan que los insumos tengan menor costo y que, por ende, la vida sea más barata.

Los combustibles, el gas y otros productos, se convirtieron en una especie de mitos derroca gobiernos. Tocarlos podía activar los resortes de la protesta social, no por lo que en realidad afectaran a la economía individual que ni siquiera se analizaba, simplemente porque se volvió parte de la arquitectura o construcción social para movilizar la protesta. Este es un recurso de la izquierda que, con el tiempo ha ido cambiando de ropaje o de rostro.

Terminaba el año 1984 y con él los primeros cuatro meses de un gobierno que daba los pasos correctos en medio de un enfrentamiento con la oposición mayoritaria del Congreso, bajo las amenazas del grupo llamado Frente Unitario de Trabajadores y las actividades terroristas del grupo subversivo AVC. El primero había defenestrado a la Corte Suprema y designado reemplazo de los magistrados sin ningún procedimiento de selección; los segundos, el FUT, había convocado una Huelga Nacional con el apoyo de la mayoría de oposición; y el tercero, el terrorismo armado, efectuó un sinnúmero de actos delictivos: asaltó la Prevención de la Comandancia General de la Policía Militar Aduanera, robándose importante cantidad de armas de grueso calibre, colocó una bomba panfletaria en la Embajada de Estados Unidos, asaltó el Banco de Los Andes bajo el comando de Arturo Jarrín, asaltaron el Banco del Pacífico, se tomaron, el mismo 10 de agosto, día de la posesión de mi papá, varias estaciones de radio, a los dos días de que el Congreso, violando la Constitución defenestrara a la Corte Suprema, pusieron una bomba de alto poder en el Palacio Legislativo que, felizmente, fue desactivada por expertos policiales, el día 2 de noviembre, se tomaron las instalaciones del Diario Hoy de Quito, y exigieron, a cambio de liberar rehenes secuestrados, que el diario publicara una proclama del grupo terrorista, el día 8 de noviembre secuestraron al reportero del diario el Meridiano de Guayaquil y, para cerrar el año, el día 19 de diciembre, asaltaron la Universidad Central y se sustrajeron ochocientos mil sucres. Esto, sin embargo, eran apenas escaramuzas comparadas con lo que vendría después.

Opinión de Antonio Rodríguez Vicénz sobre el incidente de los tanques de la policía en la Corte Suprema:

«En las conversaciones frecuentes que tengo como amigos políticos he mencionado sobre uno de los hechos que más se critica a Febres-Cordero, el haber rodeado a la Corte Suprema de Justicia con tanques de la policía; yo viví esos acontecimientos, yo estaba ahí; y si bien no puedo justificar bajo ningún concepto lo que hizo Febres-Cordero, sí sé que hubo un antecedente del cual no es el presidente el culpable, le explico: Un día en el Congreso sin constar en el Orden del día, sin haber sido analizado previamente como se requería, el bloque de la Izquierda Democrática, presenta un proyecto de interpretación constitucional. De acuerdo con las normas vigentes de ese entonces, tenía que hacerse mediante ley interpretativa de la Constitución, y siendo una ley, había que seguir un procedimiento, tenía que ser distribuida para conocimiento de los Legisladores, se debía analizar en las comisiones correspondientes, y conocida en el Congreso luego de un informe de la comisión. Pues no se dio así, si no como dije, como una resolución que se dio sin constar en el Orden del día. Se interpretó mayoritariamente la Constitución, en ese entonces se cambió el término de los Magistrados de la Corte Suprema, bajándolos a dos años para que el bloque legislativo Progresista, liderado por la Izquierda Democrática, designe una nueva corte. En la norma constitucional, los magistrados tenían seis años, de tal manera que la corte anterior iba a estar dos años más en funciones en el gobierno de Febres-Cordero. Al bajarse los dos años, le daba la facultad a la mayoría legislativa de establecer una nueva corte, era un acto igualmente inconstitucional. ¿Qué es lo que hace una vez aprobada esa resolución?, no hay ley interpretativa—ya lo dijimos—; la mayoría del Congreso designa una Corte Suprema, encabeza la misma el Dr. Gustavo Medina, imponiéndose a la Corte Nacional ya existente, y contra el gobierno de Febres-Cordero. ¿Cuál fue la reacción del mandatario? Impedir que esa Corte se posesione, por eso rodea la Corte con tanques, es decir que el acto inconstitucional absolutamente negativo de Febres-Cordero, tenía también un antecedente de inconstitucionalidad y atropello. Lo que rescata la prensa es la trafasía de Febres-Cordero y no el hecho anterior. ¿Qué es lo que debía haber hecho Febres-Cordero? Imputar la resolución ¿Ante qué organismo? Ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que estaba presidido por la Izquierda Democrática, evidentemente pensó que no iba a dar resultado, donde se ve que el desarrollo de un acto autoritario es el reflejo de otro similar. Por eso yo creo que todos los análisis que se hacen sobre hechos históricos y personajes deben tener una visión justiciera y ecuánime, amplia y no mezquina.»