Legalización de la tierra
Hay quienes sostienen que la realidad urbana de Guayaquil ha sido siempre su debilidad, pero también su fortaleza. Los procesos migratorios, hacen notar, han sobrepasado toda planificación, sin embargo el empuje de esos nuevos habitantes ha servido para convertir a esta ciudad en el motor del desarrollo económico del Ecuador.
De allí que, dentro de esa incontrastable verdad, el gobierno municipal se planteó y puso en marcha un programa que técnicamente reordenara a la ciudad y, al mismo tiempo, transformara de posesionarias a propietarias a una inmensa cantidad de familias. Asunto complejo pero fundamental para la urbe, especialmente porque cada predio legalizado pasó a tener un código catastral y sus nuevos propietarios pasaron a convertirse en sujetos de crédito por primera vez en su vida, es decir, con la posibilidad de obtener en préstamo legal dinero para mejoramiento y ampliación de sus viviendas o para la instalación de pequeños negocios, por ejemplo. Aparte, esos mismos propietarios, que tras recibir las escrituras durante 5 años estaban exonerados durante 5 años del pago del impuesto predial urbano, acabado ese tiempo engrosan la base de contribuyentes del cantón.
La acción municipal, es evidente, apuntaba a desestimular la ocupación ilegal de predios, demostrando en la práctica que a diferencia de otras administraciones ésta no era promotora, encubridora o cómplice de asentamiento ilegal alguno. Por el contrario, estuvo siempre empeñado en terminar con el problema de las invasiones y facilitar para que el sector privado pueda desarrollar, en lotes urbanizados, planes masivos de vivienda barata.
“Hemos continuado con la entrega de títulos de propiedad a millares de posesionarios en los sectores marginales de Guayaquil, cumpliendo así con la aspiración de los sectores más pobres de nuestra urbe que, a través de la legalización de su propiedad podrán acceder a créditos de vivienda, a más de asegurar legalmente su único bien patrimonial”.
Para cumplir con los fines trazados se optimizaron una serie de procesos administrativos internos, trabajándose paralelamente en la implementación de la base legal que inclusive necesitó de la aprobación por parte del Congreso Nacional y la promulgación respectiva del Ejecutivo de una ley que viabilizará la legalización de los predios. Además, toda la información obtenida, producto del revelamiento cartográfico y censal, fue sistematizada y se convirtió en el primer producto virtual que a nivel urbano-marginal se haya realizado en la historia de Guayaquil. Durante los 8 años de gestión, aproximadamente 250 mil predios fueron medidos e igual número de familias censadas; y alrededor de 80 mil títulos de propiedad se entregaron.