Carta – Informe dirigida al Sr. Presidente del H. Congreso Nacional para conocimiento de la Comisión Especial que investiga las denuncias del ex-agente Hugo España.

Quito, a 25 de Noviembre de 1.996
Sr. Dr. Dn.
Fabián Alarcón Rivera,
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL
En su Despacho.

Despacho. Señor Presidente: Me refiero al Of No. 887-SCN., fechado el 13 del presente mes, que me ha dirigido el señor Secretario del H. Congreso Nacional, mediante el cual me hace conocer que usted, señor Presidente, de conformidad con lo establecido en el Art. 84 de Ia Ley Orgánica de la Función Legislativa y a pedido de los miembros de Ia Comisión Especial que investiga las denuncias del ex-agente Hugo España, ha señalado el día martes 26 de noviembre en curso, a las 10H00, para que concurra al seno de dicha Comisión a informar sobre el contenido del Of. No. 181-CEHE-GT-CN., de fecha 11 de noviembre de este año, cuya copia certificada me adjunta.

El contenido del último oficio antes citado es «con el objeto de que absuelva varias inquietudes de la Comisión», según lo expresa su Presidente Encargado, H. Prof. Gustavo Teran, con referencia a las denuncias formuladas por el ex-agente Hugo Empaña «en los diferentes medios de comunicación».

Observo, señor Presidente, que existen ciertas discrepancias entre el oficio del señor. Secretario General del Congreso Nacional y el que me adjunta, toda vez que según este, deberla concurrir el miércoles 20 del presente, a las 9h00, al Salón de los Presidentes del Congreso Nacional, lo que con toda modestia me parecería excesivo, ya que ese Salón, entiendo, este destinado para más altos fines y espectáculos sobresalientes. En cambio, en el oficio del señor Secretario se me cita para el 26 de este mismo mes, a las 10H00 «al Salón del ex-Senado, ubicado en la planta baja del Congreso Nacional», Salón que sería mucho más adecuado para los propósitos que interesan a algunos de los señores miembros de Ia comisión así como para quienes concurrían al acto.

Sinceramente debo expresar a usted, señor Presidente, que he estado en espera de alguna notificación o invitación, toda vez que en días pasados leí una versión de prensa, según la cual, en alguna reunión que habían tenido seis de los doce miembros de la Comisión Especial a la que antes me he referido, habían resuelto llamarme al seno de la misma. Al margen de saber si seis son la mayoría de doce… supuse que la decisión podría darse en cualquier momento.

En espera pues, de tal llamamiento, creía que con la notificación recibiría algún interrogativo concreto y al leer el dicta del señor Secretario General creí encontrarlo cuando me expresaba que «debía informar sobre el contenido del Of. No. 181-CEHE-GT-CM». Lo leí de inmediato y mi sorpresa fue conocer que debía concurrir con el fin de absolver «varias inquietudes de la Comisión», sin que tales inquietudes se mencionaran.

Finalmente, pare concluir este introito, el señor Secretario General me expresa que mi concurrencia se la hace de conformidad con lo establecido en el Art. 84 de Ia Ley Orgánica dela Función Legislativa. La citada disposición, señor Presidente, textualmente dice: «En el caso de comparecencia a informar en forma oral, EL FUNCIONARIO deberá comparecer en as fecha y hora que señale el Presidente del Congreso Nacional, ante el Congreso en plena, el Plenario de las Comisiones Legislativas o la respectiva Comisión. Dicha fecha no podrá ser anterior a diez días ni posterior a quince desde la notificación de la solicitud del legislador”.

Me permito observar, señor Presidente, que la disposición transcrita forma parte del “TÍTULO. IV.- DEL CONTROL POLÍTICO de la Ley Orgánica ya citada, en cuanto se refiere a los funcionarios de-terminados en el Art. 82, literales f) y g) de Ia Constitution Política de la República, que no es mi caso; todo ello en concordancia con to que dispone el inciso tercero del Art. 74de Ia propia Carta Poli-tica del Estado, que textualmente dice: “Todo órgano del Poder Público es responsable y no puede ejercer otras atribuciones que las consignadas en esta Constitución y la ley».

Es por esto que el Congreso Nacional solamente puede llamar a los funcionarios enumerados en el literal g) del Art. 82 de la Constitución Política, a fin de «Proceder al enjuiciamiento político durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los Ministros Secretarios de Estado… etc…, por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos… etc.».

Por tanto, y de acuerdo con lo anterior, estoy impedido de comparecer a Ia Comisión Especial, ya que desde hace nueve años atrás dejé de ejercer las funciones de Ministro de Gobierno. No obstante, me habría sido grato concurrir al seno de Ia Comisión tanto para informar personalmente cuánto para tener la oportunidad de conocer cuales eran las «pruebas» que Empaña había entregado al Parlamento respecto de las afirmaciones que hace, toda vez que, ni lo que le hacen decir en el libro «El Testigo», ni lo inducido en la entrevista de la revista Vistazo, ni lo manipulado en el»show» de televisión, constituyen prueba alguna, con mayor razón si la credibilidad del supuesto autor de tales afirmaciones está en entredicho.

No obstante lo manifestado, por mi respeto a las Instituciones democráticas del país y de manera particular at H. Congreso Nacional y, además, para que no se interprete mi inasistencia como una actitud tendiente a evadir la información que interesa a los miembros de Ia Comisión Especial creada para investigar las denuncias formuladas por el ex-agente Hugo España a los diferentes medios de comunicación» así como, sin lugar a dudes, en “su» libro «El Testigo» y en razón de que desconozco en lo absoluto cuales sedan «las varias inquietudes de la Comisión» que debería absolverlas, me referiré a las que, a mi juicio, dicen relación directa con mi persona y a otros aspectos que los considero de importancia, en virtud de que en una u otra forma estarían vinculados con mi gestión en el Ministerio de Gobierno: «Grupos clandestinos de la Policía. SIC-10.»

Jamás existieron tales grupos. En consecuencia, es absolutamente falso que los documentos de los miembros del «SIC-10» reposaran secretamente en el Ministerio de Gobierno. Siempre estuvieron en la respectiva dependencia de la Policía Nacional. Igualmente, es falso de falsedad absoluta, quo las órdenes al «SIC-10» se impartían desde mi despacho y peor que yo hubiera exhibido fotografías de los subversivos pertenecientes a los «grupos armados de A.V.C. «Alfaro Vive Carajo», M.P.L. «Montoneras Patria Libre y de organizaciones subversivas que habían ingresado al país, como el M-19» según lo expresa España para que sean eliminados. Consecuentemente, debo expresar que es una infamia más decir que yo habría entregado dinero «por cada subversivo eliminado» de acuerdo con las fotos que yo; supuestamente, exhibía.

En forma enfática desmiento que España hubiera estado nunca en mi despacho y peor para recibir órdenes a base de fotos para supuestamente «eliminar a persona alguna. Esta infamia lo destaca en grandes caracteres Ia revista Vistazo, en la pág. 13 de la edición de 29 de agosto de 1.996: «Nos daban 10.000 u 11.000 sucres por cada subversivo eliminado», o sea, que España aceptaba “eliminar» a seres humanos por tan miserable cantidad. Sin embargo, cuando narra sobre la intención de hacerle daño a él valiéndose de otro interno en el lugar donde guardaba prisión “al que le hablan pagado cincuenta mil sucres” con tal propósito, concluye diciendo: “Sí, señores, esa ínfima cantidad es lo que vale Ia vida de un ser humano”.

La foto que maliciosamente publica Vistazo con relación a las afirmaciones de España, sin duda para tratar de dar credibilidad sensacionalismo a las infamias por él dichas, en la que aparezco exhibiendo fotografías, corresponde sin la menor duda, a alguna entrevista a rueda de prensa en el Ministerio de Gobierno, como se puede apreciar si se observa con un poco de detenimiento la presencia de Oficiales de la Policía y de radiograbadoras y micrófonos que utilizan los señores reporteros; de donde resultaría yo doblemente ingenuo al exhibir, primero, ante un simple agente -pesquisa- fotos de personas qua debían ser: “eliminadas” y luego exhibirlas públicamente ante representantes de la prensa.

Todas estas afirmaciones y patrañas que los asesores, patrocinadores y orientadores de “su” libro pusieron en boca de él por la odiosidad política que los mueve, fueron incapaces de reparar que estas como otras afirmaciones, le restaban veracidad al infundio perpetrado. ¡Se les fue la mano! Y ya no seré yo quien llame a la reflexión o condene tales particulares.

En efecto, en la revista “Semana”, No 111, publicada por el diario Expreso, en su edición del 1º de Septiembre del presente año, don Pedro Saad Herrería, su Director, publica un articulo intitulado “Un Testigo real” y luego de hacer un análisis de diferentes aspectos sobre el tema que trato, objetivamente expresa:

“Según España, las órdenes para ‘eliminar subversivos’ eran impartidas personal y clínicamente por el Ministro de Gobierno Luis Robles Plaza. Dejando de cualquier apreciación subjetiva, es ilógica y muy poco verosímil la imagen de un Ministro dando órdenes directas de este tipo a personal de tropa o simples sargentos de la Policía. Aún si un régimen llega al límite de disponer criminalmente de la vida de sus conciudadanos, un mínimo de lógica —incluso de una lógica mafiosa— nos lleva a pensar que esas instrucciones solo se transmitirían entre la jefatura del poder civil y la jefatura del cuerpo represivo, aunque solo fuera para preservar el secreto de tales acciones”

Doña Milagros Aguirre, en su artículo intitulado “Testimonio. Textos del remordimiento. El Testigo-Hugo España”, (El Comercio: Domingo 1o. de septiembre de 1.996), dice: “Sus revelaciones son espeluznantes. Sus confesiones también lo delatan: estuvo tan cerca del crimen como lo está un asesino. Eso no lo libra de culpa interior”.

Más adelante agrega: “Su testimonio es un descargo. Por eso cuenta que los agentes recibían comisiones — pequeñas por cierto— para acabar con la subversión. Del caso Restrepo, no revela nada nuevo. Confirma sus declaraciones públicas”. Y luego se formula una lógica interrogante: “Y también es el libro de la duda. ¿Cómo es que un simple agente sabía tanto o tenía acceso a las ofIcinas de Luis Robles Plaza y de los altos mandos? ¿Qué es ser un agente de élite? ¿Cómo es que el mismo agente estuvo involucrado en los más importantes casos?”.

Las dudas respecto del acceso de España a mi despacho y de los altos mandos Policiales, así como del supuesto conocimiento de todo, son justas, ya que es absolutamente falso lo uno y lo otro. Además, jamás fue ‘agente de elite’. Ni siquiera estos tienen tales accesos. Respeto su opinión pero no la comparto cuando concluye diciendo: “Por demás esta decir que los prólogos de Monseñor Luna y de Alexis Ponce le dan fuerza y respaldo”.

Don Pedro Jorge Vera, en su artículo “Un Poroto del señor Presidente” (Expreso, domingo 5 de septiembre de 1.996), luego de un análisis en el que incluso toca el tema de ‘El Testigo’ y no deja de referirse en términos incriminatorios al Gobierno de Febres-Cordero, concluye expresando: “Otro sí, Luis Robles Plaza fue el brazo derecho del Gobierno de Febres, mas es imposible que haya sido el dirigente directo de las torturas y los crímenes. A Robles se to puede acusar de muchas cosas pero no de ser un monstruo sanguinario”.

El Dr. Henry Raad A., en su articulo “Vistazo a una batida”, publicado en El Telégrafo del domingo 8 de septiembre de 1.996, en la parte que se relaciona con este aspecto que estoy tratando, textualmente dice: “Hacernos pensar que Ran Gazit vino a entrenar en materia de torturas, o que Luis Robles Plaza, hombre de cultura superior y exquisita vida plenamente realizada, se ocupaba de ordenar y pagar crueldades es simplemente una audacia e irresponsabilidad informativa propia de crónica amarilla que no investigó realmente nada; sino qua alcanzó a grabar una entrevista con el único autor confeso del caso Restrepo”.

El Doctor Francisco Cuesta Safadi, en su articulo “El uso de la mentira: equivocación o infamia” (El Telégrafo, sábado 7 de septiembre de 1.996), refiriéndose al ‘show’ montado en Ecuavisa, en parte, dice:

“Fue un melodrama con ribetes tenebrosos. Un culebrón auspiciado por organizaciones defensoras de aquellos derechos humanos que asistirían a quienes se empeñan en destruir el orden social y destroncar un sistema que califican de oprobioso. Fue auspiciado también por una facción eclesiástica seudo-revolucionaria, especie de sotana roja que en más de un país ha tornado el fusil anticipándose al juicio final. Contó, además, con la presencia de un intelectualizado personaje —cuyo nombre me complace haber olvidado— redactor de burdas confesiones de un delincuente y con la presencia de un Ministro de Gobierno abrumado por la agresión cometida contra la institución Policial bajo mando, aunque se dio tiempo y mañas para exhibirse coma una víctima más de situaciones grotescas y cursis que fueron escupidas al rostro de toda una nación, bajo la batuta de un periodista usualmente brillante como Carlos Vera, quien al día siguiente, reflexionaba: ¡Ojalá España mienta por Dios, ojalá España mienta! Porque una mentira como la difundida quizá se convierta en una simple y torpe equivocación, aunque en verdad ameritaría la condena pública de una infamia que satisface viejas animadversiones y propicia una etapa de persecuciones cuyo epílogo no podemos prever en toda su magnitud.”

“Si una facción de Ia Iglesia —de cualquier Iglesia— cree tener el derecho a inmiscuirse en política, también es cierto que como contrapartida, cualquier individuo goza del derecho a juzgar lo que aquella haga, diga o calle. El Obispo Luna cree contar con un Dios que le es propio y que puede asumir el partido de unos en contra de otros. Un Dios que no es el ecuménico y fraterno que proclama Ia Iglesia oficial, sino el que mire complacido cómo, en nombre de una idealizada sociedad, sus seguidores los terroristas pueden segar vidas de inocentes, decapitar empresarios, secuestrar banqueros, dinamitar oleoductos, volar torres de transmisión, emboscar y asesinar policías y soldados, asaltar bancos y financiar la revolución que, allí donde triunfó, produjo caos, ruina y devastación. Un Dios que debe condenar y perseguir a quienes cumplieron con la patria y pudieron asegurarnos una paz que hasta hoy, pese el incremento del terrorismo en nuestro medio, sigue distinguiéndose en el contexto regional que muestra a México, Colombia y Perú como ejemplos que no debemos seguir”.

El Dr. Hernán Donoso Velasco, en su articulo intitulado ‘El Testigo’, publicado en El Telégrafo del miércoles 18 de septiembre de 1.996, refiriéndose a este tema, manifiesta: “Todos conocemos la personalidad honesta en toda su vida pública y privada del Licenciado Luis Robles Plaza, en las altas funciones desempeñadas, resulta poco menos que absurdo y sin sentido las actuales afirmaciones en la ‘telenovela’, choca con el sentido común, que un Ministro de Gobierno y de la calidad intelectual del Licenciado Robles Plaza, puede haber dado órdenes directas y criminales a un policía raso y peor aún, que con un simple pesquisa haya ido a ‘farrear’ y allí haberle dado instrucciones perversas, inhumanas y criminales”.

El Dr. Milton Alava Ormaza, en su artículo intitulado “El nunca más ecuatoriano”. Publicado en El Universo, de 19 de septiembre de este año, expresa:

“Apenas si han bastado dos semanas pare que el libro milagrosamente escrito por el ex-agente Hugo España, se haya convertido en lo que fue desde un principio: en un libelo del que se aprovecharon los activistas de los derechos humanos para reactualizar su venganza histórica contra el Gobierno del Ing. Febres-Cordero por haber desarticulado la guerrilla de Alfaro Vive…»

“Por ventura, los sectores más serios y responsables de la opinión pública intuyeron que a partir de este impreso, solo se había montado un escándalo que apuntaba a fines que nada tenían que ver con el esclarecimiento de las denuncias formuladas: desde el puro sensacionalismo periodístico hasta la utilización de esta herramienta por parte de las nuevas autoridades para coaccionar y perseguir, preventivamente, a Ia oposición socialcristiana. Pero la maniobra fue demasiado burda y truculenta y se desinfló por sí sola.”

“Ante esta nueva arremetida, la defensa lúcida de esa actuación ha corrido a cargo de quien menos podían esperar los socialcristianos, porque recelaron de su lealtad durante la administración febrescorderista: el ex- Vicepresidente Blasco Peñaherrera. Sin justificar los excesos represivos que pudieron haberse producido, Peñaherrera ha destacado que, gracias a la firmeza con que actuó el Gobierno, el país no siguió Ia trágica suerte de Colombia o Perú”

Y para él nada de extraño tiene que la Izquierda y el centro-izquierda hagan de coro de España si partidos de estas tendencias auspiciaron o apoyaron a la guerrilla.

Pedro Tinto, en su articulo “El libro retrasado”, publicado en El Telégrafo de 9 de septiembre de 1.996, dice:

“Pocas veces se ha definido o caracterizado un libro con Ia propiedad con que lo hizo el señor Licenciado Luis Robles Plaza al ser preguntado sobre la razón posible de la publicación de una obra que trata de pedir castigo para delitos que han prescrito de acuerdo con nuestra legislación. El joven entrevistador quiso saber el origen o razón sobre la sorpresiva publicación de un libro-denuncia sobre el caso de los hermanos Restrepo Arismendi y una síntesis de todas las barbaridades que se han cometido en el mundo contra los derechos humanos, atribuyéndolos al gobierno socialcristiano y a la Policía Nacional”

“Habrá por otra parte, como tarea del Estado, descubrir por qué se intenta en estos días, como en los anteriores, presentar a la Policía Nacional como un peligro cierto para el país. Una Policía como la nuestra, que sin los medios indispensables, ha logrado vencer las más duras y crueles batallas, entre ellas las de acechar las posibilidades de mancharla y destruirla”.

Don Raúl Gómez Ordeñana, en su comentario intitulado “Sacrificios por servir”, publicado en El Telégrafo, de 12 de septiembre de 1.996, al concluir su artículo, dice:

“Una reflexión final. Personalmente encuentro difícil imaginar como periodista, defensores de derechos humanos y curas, puedan participar de un mortuorio concierto de voluntades semiocultas, destinado a satisfacer venganzas personales; odios y abyectos propósitos. La tortura y la perversidad en el hombre se han hecho presentes en toda la historia humana. Hay que denunciarla. Combatirla y tratar de extirparla. Eso no se logrará jamás si se da crédito a un delincuente confeso, notoriamente dirigido por algún interesado. Parece evidente que la extinción legítima de Alfaro Vive, que se inició durante el más tolerante de los gobiernos Constitucionales —el del Dr. Hurtado Larrea— no es perdonado —menos aun agradecido— al Ing. Leon Febres-Cordero, al ex-Ministro de Gobierno, Luis -Robles Plaza, a la Policía Nacional y a las FF. AA. que combatieron la guerrilla de acuerdo con la ley, con frontalidad y para beneficio nacional. El honor de las personas es también un derecho humano. Y fundamental”.

Podría seguir transcribiendo innumerables citas de artículos que han aparecido en la prensa nacional, en relación con el tema que me ocupa; pero, para no alargarme más, en su oportunidad, serán recogidas en su totalidad y trasladadas para conocimiento público.

La supuesta formación criminal de Ia Policía Nacional. (Ran Gazit).

Todas las afirmaciones de España en el sentido de que Ia formación-educación de los miembros de la Policía Nacional estaban orientadas a la práctica de torturas para emplearlas ya sea en delincuentes comunes o subversivos, son una descomunal falsedad. De allí que, ese muestrario de infamias y perversidades consignadas como procedimientos usuales para los interrogatorios, más bien parecen extraídos y seleccionados de los informes internacionales sobre torturas.

Según España, tales enseñanzas tenían origen en el entrenamiento proporcionado por el israelita señor Ran Gazit. Para desmentirlo totalmente bastaría con expresar que Ran Gazit jamás fue instructor de Ia Policía Nacional. Esto ha sido ratificado por su propio Comandante General y por varios otros miembros de la Institución que han expresado lo mismo.

Sin embargo, Ia revista Vistazo No. 696, de agosto 29 de 1.996, en Ia pág. 8, igualmente, con sensacionalismo, dice: “En 1.996, se montó una escuela de tortura dirigida por el israelita Ran Gazit”, publicándose, además, Ia foto del indicado ciudadano. Asimismo, en la pág. 9, expresa: “Ran Gazit. El mercenario israelita, que entrenó a los comandos de Ia lucha antisubversiva durante el Gobierno del Ing. León Febres-Cordero…”

Sobre este tema, solo me resta manifestar que el propio Ran Gazit desmintió en su oportunidad, en Ia prensa nacional, haber tenido vínculo alguno con la Policía Nacional.

Cómo podría un Ministro de Gobierno que estuviera de acuerdo con prácticas de tal naturaleza, haber expresado en su Informe de Labores de agosto 1.985-agosto 1.986, págs. 23, 25 y 26, lo siguiente:

“Para abundar en este cuidado porque el respeto a la dignidad de las personas y Ia observancia de los derechos humanos, sean constancia y expresión de nuestras vivencias humanísticas y democráticas, dispuse la organización de un seminario al que concurrían todos los Jefes y Oficiales de Ia Policía del país, directamente relacionados con las funciones investigativas. Mi pedido contó con Ia valiosísima colaboración de personalidades del foro y la intelectualidad, quienes dictaron conferencias sobre materias tan fundamentales. Intervinieron el Sr. Dr. Luis René Salazar, Presidente del Colegio de Abogados de Quito y el Sr. Dr. Carlos Ramos, Asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Tribunal de Garantías Constitucionales.

“Al recrudecer en nuestro medio dos nuevos y gravísimos fenómenos delincuenciales, el terrorismo y el narcotráfico que no fueron anterior y debidamente combatidos para erradicarlos en sus primeros síntomas, estas dos proyecciones de una criminalidad poderosamente organizada, poseedora de ingentes recursos económicos, de implementos y arsenales altamente sofisticados; movidas por un común designio que va a la disolución de las sociedades civilizadas; su capacidad de convertirse en poder político y económico al seguir, por desgracia, en el Ecuador, esta delincuencia desalmada, más peligrosa cuando se disfraza a veces de un idealismo revolucionario sin forma ni destino, el Estado tenía que aprontar sus recursos para protegerse, para evitar la anarquía y, con esta, Ia disolución social. Por ello, el Ejecutivo, con los escasos recursos nacionales, ha procurado que la policía alcance los niveles que le permitan afrontar estos gravísimos peligros. Correlativamente, respondiendo al crecimiento del país y de sus problemas y necesidades, se está procurando que Ia profesionalización y tecnificación de la Policía respondan cabalmente al cumplimiento de sus obligaciones civiles, ya que; como alguna vez lo afirme, Ia Policía es el pueblo armado pare defender al pueblo, y cualquier distorsión, cualquier desmesura que alteren su naturaleza eminentemente civil, Ia desprestigian y corrompen. La autoridad y los medios físicos que posee no pueden emplearse en otro fin que no sea la defensa de la sociedad en el estricto marco de Ia ley; la fuerza represiva que le entrega la sociedad, únicamente ha de expresarse en la defensa de los derechos de Ia sociedad y del individuo.”

“La autoridad policial no es una patente de corso para el atropello. Si de alguien se ha de exigir rectitud, austeridad, ascendrada vocación, integridad, responsabilidad profesional, es del policía, hasta tal punto, que el grado de moral de un pueblo puede medirse por el grado moral de su policía. Conozco las virtudes de nuestra institución Policial; en múltiples ocasiones he manifestado que, al defender los derechos de la sociedad contra el delito, su acción debe darse proporcionalmente a Ia agresividad y peligrosidad del delincuente y que, en ello, mi respaldo es total; pero la policía sabe muy bien que cualquier deshonestidad, que todo exceso, el más mínimo hecho que implique violación de los derechos humanos, que se traduzca en extorsión o abuso de autoridad, que, en fin constituya el más ligero atropello a la dignidad y libertad de las personas, merecerá las más radicales sanciones que establecen las leyes y reglamentos policiales. De una vez por todas se ha de entender que la Policía Nacional, no es un cuerpo represivo, es sobre todo y ante todo una institución protectiva”.

Pero, sobre este tema, quiero retrotraerme a un año atrás, esto es a mi Informe de Labores de agosto 1.984-agosto 1.985, en el cual, entre otras cosas, en las págs. 15, 16, 17 y 18, expreso lo siguiente:

“Policía NACIONAL.- El Art. 136 de la Constitución Política del Estado establece que “la Policía Nacional tiene por misión fundamental garantizar el orden interno y la seguridad individual y social”. Añade el inciso Segundo de este articulo que “Constituye fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas”.

En concordancia con la disposición Constitucional, la Policía Nacional se esfuerza por cumplir a cabalidad Ia misión que le confían la Carta Política del Estado y las leyes de la República, pese a las restringidas asignaciones presupuestarias, en un medio social de crecientes conflictos que generan formas delincuenciales cada vez más audaces y organizadas y del cual emergen problemas que afectan negativamente a Ia comunidad, ya ,sea por sus mismas fallas estructurales por obra del contagio exterior.

El Gobierno del Presidente Febres-Cordero esta poniendo término a la desatención en que se mantuvo a la Policía Nacional en el pasado, tratando de mejorarla tanto en sus valores humanos y profesionales como en su equipamiento, dandole además, el respaldo legal y moral para el cumplimiento de sus deberes ineludibles.

La formación del policía, tanto de la oficialidad como de la tropa, está atendida en términos académicos, profesionales y técnicos. Dentro de la racionalización de la educación Policial y la enseñanza, a fin de que sea óptimo el aprovechamiento, se ha dispuesto que la Escuela de Especialización de Oficiales y la Escuela de Detectives funcionen con un máximo de alumnos, sujeto a los indices que determina la pedagogía moderna. La preparación y capacitación de los Cadetes y Oficiales está asegurada mediante un sistema de becas e intercambio de Centros Especializados de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y Francia. Iguales oportunidades tiene el personal de tropa.

Ante el auge de Ia delincuencia, el Ministerio a mi cargo ha logrado incrementar en 1.000 hombres los efectivos de la Policía Nacional, que han sido rigurosamente seleccionados con el objeto de lograr un eficiente cumplimiento de sus funciones. De ellos, 460 se destinaron a la ciudad de Guayaquil, que requería con mayor urgencia de tales efectivos y 540 fueron distribuidos en diferentes regiones del país.

Se reclutaron 896 jóvenes, especialmente seleccionados, para que ingresen a las Escuelas de Policía “Sargento Primero José Emilio Castillo Solís”, de Quito; “Cabo Segundo Jose Lizardo Herrera Calderón”. de Quevedo; “Cabo Segundo Sócrates Manrique Arboleda Sanabria”, de Babahoyo, y Escuela “San Miguel de Bolívar”, recientemente inaugurada.

Se han realizado 10 Cursos Regimentales que tienen como finalidad primordial dar a los elementos de tropa una preparación académica y metódica a objeto de proporcionarles los conocimientos profesionales, técnicos y de especialización necesarios para cimentar los sentimientos de honor, honradez profesional y de servicio a la sociedad.

En el mes de diciembre de 1.984, apenas a los cuatro meses de Ia asunción al Poder del Presidente Febres-Cordero, de conformidad con disposiciones legales, se aumentaron significativamente los sueldos de Ia Policía Nacional, y luego, en marzo de 1.985, se produjo una nueva elevación de los mismos, gracias al incremento del salario mínimo vital.

En el importante renglón de Ia legislación Policial, hay que establecer que, de agosto de 1.984 a julio de 1.985, se han expedido los siguientes Reglamentos:

1.- REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA OFICIALES DE POLICÍA “GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO”.

2.- REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARA OFICIALES DE POLICÍA “GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO”.

3.- REGLAMENTO INTERNO.PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN PARA TROPA DE LA POLICÍA.

4.- REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA DE ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL.

5.- REGLAMENTO DE UNIDADES ESPECIALES DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE ADMINISTRACION PERSONAL.

6.- REGLAMENTO PARA USO DE RECURSOS Económicos PROVENIENTES DE LOS SOBRANTES DE LAS PARTIDAS «COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES».

7.- REGLAMENTO DE REGIMEN DE LAS UNIDADES Policiales…

8.- REGLAMENTO DE UTILIZACION, DEVOLUCION Y RETIRO DEL FONDO DE RESERVA.

Se preparan nuevos Reglamentos y se estudian reformas para perfeccionar la legislación Policial. Continuando sobre este mismo tema, en mi Informe de Labores de agosto de 1.986-julio 1.987, págs. 24, 25, 26 y 27, manifiesto lo siguiente:

“En cuarenta y nueve años de sacrificada existencia desde su profesionalización iniciada en el Gobierno del General Alberto Enríquez Gallo, Ia Policía Nacional, sobrellevando muchas veces olvidos e incomprensiones aún de las Funciones del Estado; debatiéndose entre las arbitrariedades e incertidumbres de la Política sectaria o episódica, con singular esfuerzo, propio se ha ido fortaleciendo, sobre todo en su conciencia de servicio a Ia comunidad, ajena a las conveniencias de los regímenes de turno. En los últimos tiempos, esta conciencia profesional ha devenido en un nuevo concepto institucional respetuoso de las leyes y reglamentos que norman Ia vida de Ia Institución, de las promociones y jerarquías por antigüedad y méritos, al margen de las influencias, fuera de las que pudieran ser conveniencias gubernamentales. Este básico aspecto de la estructura del cuerpo policial, naturalmente ha elevado la moral de sus integrantes y los ha dignificado, a tiempo que ha acrisolado el sentimiento de su misión de servicio y de sus grandes responsabilidades como guardianes del orden y de Ia seguridad interna del país.

Esto tan beneficioso se había ido alcanzando pese a inestabilidades internas y a deficiencias humanas que no podían subsanarse porque la orientación y formación profesionales no se hacía dentro de parámetros ciertos y científicos, fiada tan solo a la improvisación de maestros e instructores, cuando, cada cual, entregando sus personales conocimientos y experiencias, no respondía a un patrón educacional sólido y sabiamente establecido. De esta suerte, el elemento humano no podía ni recibir ni dar cabalmente el acervo de formación que las complejidades actuales de Ia sociedad ecuatoriana exigen.

Para corregir esta falla fundamental, integré una Comisión Especial de Análisis y Coordinación del Sistema Educativo Policial, conformada por Oficiales Superiores de Ia más calificada versación y experiencia en los variados campos de la actividad Policial, quienes, con la invalorable colaboración del Señor Coronel Jean Pierre Guerrero, Representante del Servicio de Cooperación Técnica Internacional de Policía de Francia, han elaborado Planes y Programas de Estudio para un Curso Superior de Estado Mayor; para un Curso de Perfeccionamiento de Tenientes; un Curso de Perfeccionamiento de Capitanes, y los Planes y Programas de Estudio para la Escuela Superior de Policía, en donde se forman los nuevos oficiales. Los maestros e instructores de la tropa, debidamente capacitados saldrán de estas instancias, educativas que, en una secuencia pedagógica debidamente racionalizada, propenderán, en primer término, a la educación y formación integral, para los específicos fines policiales de los futuros oficiales y de la tropa; luego a la formación de especialistas y expertos en determinadas ramas y, como culminación y síntesis de la formación Policial, el perfeccionamiento de los miembros del estado Mayor de Ia Policía.

Los planes y programas se han elaborado para aplicarse a nuestro medio. No se trata de copias o de acomodos de los que rigen en otros países. Son planes y programas que contemplan las posibilidades y deficiencias del hombre nuestro, su idiosincracia, y su relación con el entorno social del que surgen y en el que viven.

Luego de esta revisión final, tendré el honor y la complacencia de expedir el correspondiente acuerdo ministerial que los oficialice; que establezca la necesidad de su vigencia por un lapso no menor de cinco años, tiempo necesario para cosechar sus frutos y que, para evitar alteraciones arbitrarias se requiere del estudio y Ia opinión de Ia Comisión Especial de Análisis y Coordinación del Sistema Educativo Policial que funcionara con carácter permanente, para sus formas parciales, de acuerdo con las experiencias y las circunstancias justificativas.

Creo que este es el más trascendental aporte que puede dar el Ministerio a mi cargo a esta noble Institución, cuando esta por cumplir el media siglo de su profesionalización.

Mientras tanto; en el lapso que ocupa a este informe, oficiales y tropa han asistido a cursos de preparación Policial en el exterior por un total de 1.751 días-hombre y a cursos en el Ecuador por 750 días-hombre. Recibieron en el Ecuador cursos de especialización de Policías, por 1.620 días-hombre. Todo esto, en lo que se refiere a educación especial y capacitación.”

Luego de estas transcripciones textualmente recogidas de mis informes como Ministro de Gobierno y que se relacionan con Ia época en la que se intenta infamar la formación-educación de la Policía Nacional, pregunto: ¿Encuentran los señores Legisladores, la más mínima insinuación para haber introducido Ia tortura, tratos infamantes, etc., como sistema de Gobierno o de procedimientos criminales para interrogar o investigar a delincuentes comunes a subversivos? Reitero una vez más, que ni yo, personalmente, ni colaborador alguno mío, y menos los Jefes Policiales, fuimos capaces de disponer acciones infamantes coma las que sugiere España.

Como Ministro de Gobierno, tuve la suerte de contar como Comandantes Generales de Ia Policía Nacional a Oficiales Generales que se habían hecho merecedores a las Primeras Antigüedades de sus respectivas Promociones, así como sus respectivos mandos que estuvieron desempeñados por elementos de alta formación y prestigio.

¿Violación a los Derechos Humanos?

Para abrir este capítulo, conviene destacar que fue el Gobierno del Ing. Febres-Cordero el que suscribió, el 4 de febrero de 1.985, Ia “CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES”, aprobada per las Naciones Unidas. Su texto, junto al Acuerdo No. 000130, de fecha 7 de abril de 1.988, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran publicados en el Registro Oficial No. 924, de 28 de abril de 1.988.

Con el fin de aclarar y ratificar la conducta de mi ejercicio como Ministro de Gobierno, con relación al respeto a los Derechos Humanos, transcribo textualmente, de mi Informe de Labores del período agosto 1.985 a agosto 1.986, criterios que acentúan mi posición con respeto al tema y que demuestran la voluntad real del Gobierno de respetar los derechos humanos, no solo en acatamiento de los convenios internacionales sino por Ia consustancial ética del Gobierno. De este manera, los hago válidos hoy, pare referirme a las actuales inquietudes de la Comisión Especial: (Págs. 14 a Ia 16, del referido informe).

“No sólo las expresas normas Constitucionales y legales que amparan los derechos humanos y aseguran su goce pleno; no únicamente Ia adhesión ecuatoriana a los convenios internacionales sobre tan esencial materia, sino, principalmente, la íntima comunión de ideales, Ia compenetración plena con el alma libre y el espíritu humanista de nuestro pueblo y el reconocimiento cabal de la dignidad del hombre, han determinado, por parte del gobierno popular y democrático del Presidente Febres-Cordero, Ia concienzuda observancia de los derechos humanos, sin merma de ninguna naturaleza. Esta afirmación que la hago de la manera más convencida y categórica se respalda en una abrumadora documentación que, en diversas instancias, cuando mi asistencia al Tribunal de Garantías Constitucionales, o mi correspondencia epistolar con tan alto Organismo, he entregado para desvanecer infundadas, falsas y tendenciosas denuncias, sobre supuestas violaciones de los derechos humanos se han presentado en dicho Tribunal. Todas esas denuncias han sido desvanecidas, y si alguna vez, alguna ha tenido un remoto fundamento, se ha demostrado que la habían motivado abusos o excesos de miembros subalternos de la Policía, contra los que se han incoado las acciones legales correspondientes. Ante el Congreso Nacional y su Comisión de Fiscalización y Control Político, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, como ante los medios de comunicación colectiva proclamado y demostrado que en el Ecuador se respetan celosamente los derechos humanos. Lo contrario son afirmaciones antojadizas dirigidas desde sectores perfectamente identificados con corrientes extremistas, para tratar de desprestigiar al Gobierno en los planos interno e internacional, cosa no lograda gracias, precisamente, a los informes que me ha sido grato suministrar a las Comisiones de Derechos Humanos y Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador y a numerosísimas filiales o células de Amnistía Internacional que, desde muchos países formulaban inquietudes sobre tales “violaciones de los derechos humanos” fabricadas y diseminadas por todo el globo, con una persistencia insidiosa, en un afán difamador contra el Gobierno. Mi respuesta a Amnistía Internacional, fue esta:

“Of. Cir. No 85-1359-DMG.-,Quito, a 27 de Dic. 1985.- Señor.- De mis consideraciones: Al dar respuesta a Ia comunicación que me dirige en su calidad de miembro de ‘Amnistía Internacional’, sobre presuntas torturas, encarcelamientos políticos y violaciones de los derechos humanos en el Ecuador, debo manifestar a usted, lo siguiente:

1.- Es de conocimiento público en nuestro país, que las personas cuya situación preocupa a los integrantes de ese Organismo, pertenecen comprobadamente, al grupo subversivo y terrorista “ALFARO VIVE, CARAJO”, identificado a través de sus proclamas públicas, panfletos, manifiestos, entrevistas clandestinas con periodistas de diferentes medios, como “el brazo armado para iniciar la guerrilla urbana y rural en el Ecuador”. Los elementos de este grupo detenidos por la comisión de delitos comunes y entregados a Ia jurisdicción de los jueces competentes, o prófugos de la justicia, entre otros son: Hamlet Vásconez, Arturo Jarrín, Fausto Basantes, Juan Cuvi Sánchez, Antonio Frías, Fabricio y Pablo Proaño, Guadalupe Chiriboga, Xavier Jarrín, Susana Cajas, Luis Vaca, Marco Benalcázar, Fernando Chavez, José Guevara, (colombiano) Fernando Carmona (colombiano).

2.- Toda detención, investigación y proceso judicial se efectiva en el Ecuador con obediencia inalterable de la Constitución y Leyes de la República, a las cuales se ciñen en sus procedimientos y actuaciones las Funciones del Estado y, en particular la Función Ejecutiva. En el Ecuador se respetan celosamente los derechos humanos, se enaltece Ia dignidad del hombre, se observan los instrumentos internacionales que los proclaman y garantizan y, por lo mismo, no se practica ningún género de tortura, ni se ejerce ninguna represión que no sea aquella encaminada a sancionar el crimen y juzgar al delincuente.

3.- En el Ecuador, los centros de detención y las cárceles son públicos y están directamente regidos por cuerpos colegiados en los que intervienen representantes de varias instituciones de derechos público y privado, y que tienen a su cargo la rehabilitación social de los presos. Las afirmaciones del grupo terrorista “Alfaro Vive, Carajo”, sobre la existencia de lugares clandestinos de detención son absolutamente falsas. Ninguno de los miembros de este grupo, delincuentes confesos, se hallan guardando prisión en otro sitio que no sean las cárceles públicas, bajo la autoridad; insisto, de los jueces competentes.

4.- La enumeración de los delitos comunes perpetrados por estos terroristas, en diferentes ciudades y zonas del país, abarca una amplísima gama delincuencial: secuestro y asesinato, asalto a bancos, locales comerciales; violación e incursión por la fuerza a los medios de comunicación social; asaltos y robos a dependencias policiales; colocación de bombas explosivas en edificios públicos y privados; amenazas con fines de extorsión; secuestro de periodistas para obligarles, bajo amenazas de muerte; a la emisión de proclamas subversivas; asesinatos de policías y toda suerte de delitos conexos con la actividad terrorista.

5.- Los miembros del grupo “Alfaro Vive, Carajo”, tanto los que guardan prisión y están sujetos a juzgamiento, como los que no han caído bajo la acción de Ia justicia, han reivindicado para ellos Ia comisión de sus delitos, en declaraciones ante los jueces, en panfleto y en mensajes enviados a los medios de comunicación social.

6.- De todo lo expuesto se deduce que ‘Amnistía Internacional’ ha sido sorprendida y engañada por elementos que están creando la violencia y fomentando el terrorismo en la nación ecuatoriana, en su lucha por atentar contra el sistema democrático y el Gobierno Constitucional que rige el país.

7.- Finalmente, debo recordar que ‘Amnistía Internacional’, de acuerdo con sus postulados, debe trabajar imparcialmente “por la liberación de los presos de conciencia, hombres y mujeres, detenidos en todo el mundo por sus convicciones, color, origen étnico, sexo, religión o idioma, siempre y cuando no hayan recurrido a la violencia o abogado por ella” lo cual no ocurre en los casos de las personas puntualizadas al inicio de esta comunicación.- De usted muy atentamente.- DIOS, PATRIA Y LIBERTAD, f) Luis E. Robles Plaza, MINISTRO DE GOBIERNO». P

ara ser reiterativo sobre este importante tema, transcribo también Io expresado en mi Informe de Labores de Agosto 1986 a julio 1.987, en sus págs. 6 a la 14:

“Positivas condiciones sobrevivientes que robustecen el alma libre de la Patria y ánimo de paz y concordia de los ecuatorianos con su rechazo de toda forma de violencia, han determinado Ia casi total neutralización del fenómeno terrorista al que se enfrentó el Gobierno Nacional con la fuerza de la ley en ejercicio de la autoridad dada por el pueblo para defender la supervivencia de Ia sociedad amenazada por esas dos tremendas facetas de la delincuencia, paralelas y casi siempre confundidas: el terrorismo y el narcotráfico. Tal abyecto y comprobado contubernio es, entre los males sociales, el más disolvente y degenerativo. Pero esta dura y lamentable lucha que ha cobrado vidas de policías y de delincuentes, fatal a irremediablemente sacrificadas en aras de la existencia de Ia comunidad, se ha llevado sin excesos, con solo la respuesta proporcionada al ataque sufrido por la Fuerza Pública, y dejando a los implicados bajo las funciones jurisdiccionales respectivas. Aún en casos de desatada violencia, como lo he demostrado al Congreso Nacional y el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Gobierno, este Ministerio, las autoridades de Policía han respetado celosamente los derechos humanos y, cuando, individualmente, elementos subalternos los han vulnerado, han sido sometidos a la condigna sanción legal.

No trato de establecer analogías o discrepancias históricas, diciendo que en tal o cual época se respetaron y en aquestas o aquellas se vulneraron los derechos humanos. Sabemos que en todos los tiempos, por desgracia, la violencia, ha generado tortura y muerte y que estas formas del horror han descendido del poder, han sido generadas por los mismos sistemas sociales, o se han engendrado en lo que bien podría llamarse el contrapoder o el anti-poder. Ni las que han venido de lo alto, ni las que crecen en lo bajo pueden, por razón alguna, justificarse, pues ambas son, a Ia postre, malvadas y disolventes. Pero, no hay duda que, por un fenómeno sociológico de enorme complejidad, son las democracias, singularmente las democracias constitucionales, las que deben su existencia a la juridicidad, son estas, las más vulnerables a los ataques de la violencia del poder establecido o de la rebelión anarquizante y, precisamente, porque de la juridicidad vive la democracia, es de la juridicidad de Ia que se vale el sedicioso para destruirla.

Esto, Ia violencia sediciosa disfrazada de idealismo, amparada en las virtudes permisivas de la democracia, es lo que, universalmente, se ha incoado en las sociedades democráticas para alterarlas y disolverlas. Más, lo trágico y paradójico es que, demócratas auténticos, juristas, legisladores, intelectuales, comulgan del común error de creer que la defensa democrática de Ia sociedad, del Estado de juridicidad, es ante todo, defensa ciega de los que contra ella, a su amparo, delinquen.

El tema de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos, están, lo creo, muy lejos de estas distorsiones. Practicarlos y defenderlos no es la complicidad con el delito, sino la entera, profunda solidaridad con el hombre. En este sentido trascendental, con esta creencia irrebatible, el Gobierno practica y respeta los derechos humanos; mi Ministerio los ha practicado y respetado.

A las voces interesadas o desorientadas que se han levantado tratando de ser acusatorias, he respondido, como lo he dicho, ante Organizaciones del Estado, a los medios de comunicación, a las entidades internacionales, demostrando estas verdades.

Precisamente estoy respondiendo a través de Ia Cancillería, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el sentido de que Ia violación de los derechos es ajena al Ecuador y, más aún, con Ia constancia de que, pese al dramático estado de nuestro sistema carcelario, no se vulneran los derechos fundamentales del hombre. Solo ciegos y apasionados contestarios pueden afirmar que el Gobierno Constitucional del Presidente Febres-Cordero no ha respetado los derechos humanos y ha alterado el régimen de las libertades sociales e individuales.

Hay un síntoma que dejo a que lo califique Ia sabiduría popular. Yo, solo lo anoto: el incremento de terrorismo ha incrementado el vocinglerío sobre los derechos humanos, pareciendo que son los delincuentes y no sus víctimas los únicos que deben disfrutarlos.

En el lapso que va de agosto de 1.986 a febrero de 1.987, se han producido, principalmente por acción de “Alfaro Vive, Carajo” el secuestro del periodista Alfonso Álava Álvarez, de Radio Democracia, el 10 de marzo de 1.987, y del periodista Iván Oña, de Radio Quito, el 9 de junio del mismo año. Desde el mes de septiembre de 1.986 hasta julio de 1.987, fueron asaltados cinco bancos y una fábrica. En tales atracos perpetrados por el grupo terrorista Alfaro Vive, Carajo, se robaron S/. 19’606.822. Los servicios de investigación de la Policía Nacional, establecieron que los atentados con el uso de explosivos contra el Grupo de Tránsito de Pichincha, el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha y Ia Jefatura Provincial de Tránsito de Pichincha, en Ia que fueron parcialmente destruidos 20 vehículos Policiales, atentados cometidos entre enero y abril de este año, se debieron a ‘AVC’, que reivindico para sí estos atentados.

La misma agrupación terrorista, para emitir sus proclamas, se tomó las Radiodifusoras Gran Colombia y El Sol de Quito; El Mundo y Ondas del Pacífico en Guayaquil, y Radio Punto de Ibarra, entre diciembre de 1.986 y marzo de 1.987.

La Policía en sus acciones antiterroristas, ha recuperado, en of lapso que abarca este informe, 14 carabinas ‘Ruger’, 25 revólveres, sustraídos del Rastrillo de Ia Policía Nacional; 2 fusiles de Ia dotación del ejercito; 6 pistolas; 2 escopetas; 4.412 proyectiles, casi todos de grueso calibre: 3 minas explosivas «Clymore»; 82 tacos de dinamita: 2 granadas de mano; 1 kg. de TNT; 331 cápsulas detonante y 45 m. de mecha lenta; todo esto en poder de miembros del grupo ‘AVC’ o en las llamadas “casas de seguridad”, reducto de los terroristas.

Durante el periodo materia de este Informe se capturó a 32 miembros del grupo terrorista Alfaro Vive, Carajo. Todas estas personas fueron puestas bajo la autoridad de sus jueces naturales. Es pues, la justicia ordinaria Ia encargada de establecer responsabilidades y dictar sentencias. En su fuga del Hospital Eugenio Espejo donde estaba asilado el terrorista Leonardo Vicente Vera Viteri, sus cómplices acribillaron y asesinaron a tres policías que le custodiaban; Vera Viteri fue recapturado y hoy se encuentra sometido a sus jueces naturales, Fue también asesinado el Capitán de Policía Galo Miño y herido el Teniente de Policía Euclides Mantilla, cuando terroristas atrincherados en una “casa de seguridad”, situada en el barrio Altamira de la ciudad de Quito, se enfrentaron a tiros con la Policía. En tal enfrentamiento producido el 11 de septiembre de 1.986, perdieron Ia vida uno de jefes de ‘AVC’ Hamed Vásconez, Sarabia y Argentina Lindao.

El 29 de Septiembre de 1.986, los terroristas José Luis Flores Castillo, alias Capitán Cerezo, Bladimir Regalado y Sayonara Sierra Freire, abren fuego contra la Policía que, al responder al fuego en defensa propia, los abate. El 26 de octubre de 1.986, Arturo Jarrín Jarrín, hasta entonces considerado el jefe máximo de ‘AVC’ muere al enfrentarse a tiros con la Policía. Y posteriormente, el 30 de abril de 1.987, el terrorista Gonzalo Molina Vélez, prófugo del Penal García Moreno y también implicado en el asesinato del Señor Antonio Briz, muere enfrentándose con Ia Policía.

En diciembre de 1.980, Molina Vélez protagonizó, con otros miembros del grupo que asesinara al Sr. Briz, una fuga del Penal García Moreno, circunstancia en Ia cual fueron abatidos por esos delincuentes el Sargento Grunauer y el Policía Moya.

Ulteriormente, y hasta la fecha, gracias a la acción de Ia Policía Nacional y a la colaboración con ella de la ciudadania que rechaza el crimen y la violencia, Ia ola terrorista ha descendido y se ha replegado.

Esta dolorosa, trágica síntesis, expresa con tremenda claridad la oposición radical entre el hombre social y el antisocial; entre humanidad e inhumanidad; entre civilización y barbarie disolvente; y re clama también una radical determinación: la de salvarse en el hombre moral o condenarse en la brutalidad anárquica, en el crimen sistemático y organizado. Nada de esto quiere decir que esta criminalidad asoladora sin patria y sin otra meta que la destrucción por la destrucción misma, se ha de combatir fuera de la ley, con prescindencia del derecho. De ninguna manera, pues, si en alguna forma del mundo civilizado se ha de oponer a esta barbarie internacional, es con el culto al derecho, es con la fuerza del derecho. Lo contrario sería caer en la misma trampa en la que los detentadores de la violencia hacen caer a ingenuos apóstoles de la no violencia, parapetándolos en las mismas o iguales barricadas en las que la criminalidad atrinchera.

Y no es que estas oposiciones y antítesis determinen, una oposición entre la práctica de los derechos humanos y su defensa permanente y los medios de que se vale Ia sociedad para ampararse de la violencia que le ataca. Es solamente que la misma violencia confunde los términos y plantea una oposición inexistente, porque de ello vive y en ello se escuda. El Gobierno Nacional, este Ministerio, Ia ciudadanía, el pueblo no han sido entrampados y, por lo mismo, saben que derechos humanos y defensa de la sociedad que los practica, son una misma cosa, constituyen una síntesis liberadora y dignificante. Cualquier otro término es complicidad o es bobería.

En esta defensa de los bienes sociales y de los valores del hombre, es la Policía Ia fuerza coercitiva del derecho, el brazo armado de la ley y, por lo mismo, acusarla sistemáticamente, constantemente difamarla, es desarmarla; es dejar al Estado inerme. Y es en estos últimos años, cuando a Ia exposición universal del terrorismo, acompaña una campaña mundial de desprestigio a las fuerzas del orden. No vamos a consentir que se llegue al vesánico extremo de insinuar siquiera que cualquier Gobierno de los ecuatorianos, que este Gobierno, expresión de la mayoritaria voluntad de los ecuatorianos, puede propiciar el crimen de institucionalizar, a través de las fuerzas del orden y de Ia seguridad national, la violación de los derechos humanos. Yo estoy cierto de que si algún Gobierno lo hubiese pretendido o algún otro lo pretendiere, recibiría el más rotundo rechazo de la Fuerza pública. Si hay monstruos que pueden pensar en ello, en su propia monstruosidad estará su propia aniquilación.”

Lamento, señor Presidente, qua dada la extensión del tema, me haya sido imperioso extenderme tanto en el mismo, hasta pensar qua podría resultar cansado. No obstante, considero que es indispensable que los Señores Legisladores recuerden o se enteren de las circunstancias que debió afrontar el Gobierno en la época que se intenta distorsionar toe hechos. No se tato, pues, de que se ejerciera ninguna Política represiva indiscriminada ni de, aquellos casos que dicen relación con el incuestionable respeto y observancia a los Derechos Humanos.

Para terminar este tema, insisto que ‘Amnistía Internacional’ y los defensores de los: derechos humanos, de acuerdo con sus postulados deben trabajar imparcialmente —reitero— “por Ia liberación de los presos de conciencia hombres y mujeres detenidos en todo el mundo por sus convicciones , color, origen étnico, sexo; religión o idioma; siempre y cuando no hayan recurrido a la violencia o abogado por ella” lo cual no ocurrió en ninguno de los casos antes puntualizados.

Caso de los Hermanos Restrepo Arismendi

Permítame recordar, Señor Presidente, que desde el 8 de enero de 1.988, fecha en que se produjo Ia dolorosa y lamentable desaparición de los hermanos Restrepo, únicamente seguí en mis funciones de Ministro de Gobierno hasta el 28 de este mismo mes y año. En este pequeño interregno de veinte días, impartí todas las disposiciones pertinentes a las autoridades Policiales para dar con eI paradero de ellos.

Puntualizando como queda, el corto lapso en que, después de la desaparición de los hermanos Restrepo, continué en el ejercicio del Ministerio de Gobierno, permítame señor Presidente, hacer un comentario muy ajustado sobre las infamias expresadas por España y que hacen relación con el tema.

La periodista Srta. Milagros Aguirre, en comentario al libro ‘El Testigo’, de España, publicado en el diario El Comercio del domingo 1o de septiembre de 1.996, al referirse muy escuetamente al “Caso Restrepo”, dice que el supuesto autor del libro “no revela nada nuevo”, España, al hablar de una pendiente que les condujo a una cueva, dice que “en dicha cueva el sargento Llerena nos entregó dos fundas negras amarradas que las cargamos y las depositamos en Ia parte trasera del Trooper”. Según él, contenían los cadáveres de los hermanos Restrepo.

En Ia entrevista a España, publicada en Ia revista Vistazo, No. 696, de agosto 29 de 1.996, al referirse a una reunión en la oficina del Coronel Trajano Barrionuevo, dice que entre las personas que asistieron a la misma, había “dos personas más”. Inquirido por el reportero de “quiénes eran las otras dos personas”, España expresa tajantemente: “Eran agentes de la DEA”. Preguntado el por qué lo sabe, replica: “porque luego de un tiempo, yo me fui a la Amazonas, al edificio del PACÍFICO, donde quedan las oficinas de la DEA y uno de ellos me dio una tarjeta, que tengo en un lugar seguro”.

La infamia de España se revela en toda su magnitud criminal, cuando al ser preguntado si los Restrepo eran seguidos por sospechas de narcotráfico y bajo instrucciones de Ia DEA, responde con cinismo espeluznante: “Me parece que sí. Alguna investigación tuvieron que haber hecho, porque las personas que nos entregaron las fundas, con los cuerpos Guápulo fueron ellos, los agentes de Ia DEA”. Para acentuar su desconcertante cinismo, los describe físicamente, diciendo que “eran corpulentos, altos, blancos, agrios y hablaban un español entrecortado”. (quería insinuar que eran norteamericanos).

En ‘su’ libro, España sostiene que fue Llerena el que le entregó las fundas. En la entrevista cambia su acerto y trata de implicar a los agentes de la DEA. De ahí se deduce, que la mente enfermiza de España, por sí y ante sí, implica a los hermanos Restrepo algún asunto de drogas. Y esto es infame. La misma DEA se encargó, oportunamente, de desmentirlo. En repetidas ocasiones, yo aseguré que los adolescentes Restrepo Arismendi, no tenían antecedente alguno ni sobre estupefacientes ni ningún otro delito, así como tampoco sus padres: ni sus familiares. Lo dicho aquí por mí, no es sino una ratificación de lo que dije en la Comisión Internacional creada por el Presidente Borja, ante alguna pregunta que me formuló el Dr. Guillermo Arismendi, miembro de la misma y tío carnal de los menores.

A pesar de que la Comisión Internacional destacó mis disposiciones en torno al caso, el breve lapso de veinte días sirvió para que se acogiera el petitorio de hacerme extensivo el sumario en el juicio que por «DESAPARICIÓN, TORTURA Y MUERTE DE LOS HERMANOS RESTREPO ARISMENDI», como está calificado el juicio penal No. 29/91, con acusación particular de los padres de los adolescentes desaparecidos, se me imputara.

Evacuadas todas las diligencias judiciales, el Dr. Walter Guerrero Vivanco, Presidente de Ia Corte Suprema de Justicia, que me hizo extensivo el sumario, dictó el auto de 2 de diciembre de 1.992, declarando MI SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de acuerdo con lo previsto en, el. Art. 244 del Código de Procedimiento Penal, «POR CUANTO NO SE ENCUENTRA UN SOLO INDICIO RAZONABLE DE PARTICIPACIÓN A NINGÚN TÍTULO EN LOS ACTOS QUE SE INVESTIGAN.» A su vez la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto de 31 de mayo de 1.994, CONFIRMÓ el auto de sobreseimiento definitivo dictado a mi favor, por no existir dentro del proceso dato alguno sobre Ia participación en los hechos punibles materia del enjuiciamiento.

De conformidad con Io preceptuado en el Art. 274 del Código de Procedimiento Penal, el sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia, impide iniciar otro por el mismo hecho. Por lo tanto, ejecutoriado el auto de sobreseimiento definitivo dictado, en última instancia por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituye, por su naturaleza, cosa juzgada sin que sea dable iniciarse otro enjuiciamiento sobre los mismos hechos.

El Art. 160 del Código de Procedimiento Penal, al respecto dice: “Ninguna persona será procesada ni penada, más de una vez, por un mismo hecho”. Por efectos de la cosa juzgada, los autos o sentencias firmes (ejecutoriadas), no admiten contradicción ni recurso alguno, a excepción del de revisión. “La cosa juzgada se tiene por verdad y no cabe contradecirla judicialmente. El intento de renovar la causa por tales condiciones encuentra el insalvable obstáculo de la excepción de cosa juzgada”.

En el juicio en referencia se investigó, discutió y resolvió sobre supuestos delitos de tortura, flagelamiento, prisión arbitraria, terrorismo, etc., imputados entre otros, a quien suscribe; por lo tanto, los autos de sobreseimiento definitivo dictados en ambas instancias, pusieron fin al conflicto, constituyendo cosa juzgada.

Es del todo explicable que, por su comprensible dolor de padre, y con el que toda persona civilizada es solidaria, el Sr. Ing. Pedro Restrepo, sensibilizado como está por la tragedia de sus hijos, haya llegado a dar por ciertas las infamias de España, en todo sentido. Sorprende que su criterio se vuelque ahora en contra de lo que en carta dirigida al Sr. Ing. Febres- Cordero, expresara el 22 de junio de 1.988, cinco meses, catorce días después de la desaparición de sus malogrados hijos. Dicha carta, textualmente dice:

«Quito, a 22 de junio de 1.988.- Excmo. Señor Ing. LEÓN FEBRECORDERO RIBADENEIRA, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. – E. S. D.- Exmo. Señor Presidente: En momentos cruciales para la familia Restrepo-Arismendi, constituye un altísimo honor dirigirnos a su Su Excelencia, acusando cabal conocimiento de sus singulares dotes de Estadista y profundo apego a las causas nobles y sentidas de la humanidad, para depositar en sus manos el penoso caso que nos aflige desde el 8 de enero del año en curso, con la desaparición de nuestros hijos Santiago y Andrés, de 17 y 14 años, respectivamente, en circunstancias atún no establecidas.- Como es de público conocimiento, cuarenta y cinco días después de su desaparición, fueron halladas algunas partes del vehículo en que ellos viajaban, sin que existan rastros, de que fuera un accidente, por lo que a criterio general y muy particular de la autoridad, se descarta el hecho de que fue un accidente.- En consecuencia, al seguir abierto el caso y no contar con indicios del paradero de nuestros hijos, la situación de la familia se vuelve cada día más crítica.- Nuestros hijos, orgullosamente ecuatorianos, jamás han tenido estigmas en su conducta; antes por el contrario, se los recuerda como buenos amigos y ejemplares hijos, vehementes por hallar realización en sus inquietudes saludables, bajo la cariñosa tutela nuestra y, siguiendo caros ejemplos de personas que ellos admiraban, siendo el más ilustre su nombre, por cuya, causa fueron infatigables protagonistas y defensores.-

Con estos antecedentes, apelamos a su sensibilidad y rectitud moral que siempre le han acompañado en su mandato, para que se digne disponer a quien corresponda, se proceda a una investigación prolija, que determine encontrar a nuestros hijos a cambio de cualquier sacrificio, y se salven los actuales vacíos que van en mengua de la prestancia Policial y de la seguridad ciudadana por la cual Su Excelencia ha puesto su mayor empeño.- Estamos seguros, Señor Presidente, que nuestro ruego llegará a calar en su noble corazón y pronto tendremos a nuestro favor su ayuda humana y solidaria.- Sus afectísimos y seguros servidores.-

f) PEDRO JOSE RESTREPO B.- LUZ ELENA ARISMENDI DE RESTREPO».

Recibida la anterior carta, el Presidente Febres -Cordero, con carácter URGENTE, envió al Ministro de Gobierno de entonces; el siguiente oficio:

PRESIDENCIA DE.LA REPÚBLICA.- SB-880887.- Quito, a 6 de julio 1.988.- Doctor HEINZ MOELLER FREILE, Ministro de Gobierno y Policía.- En su Despacho.- Encontrará con esta comunicación copia de la carta que me han cursado los esposos Restrepo Arismendi, padres de los jóvenes Santiago y Andres, desaparecidos —y hasta hoy sin rastro alguno— desde enero del año en curso. —Al respecto, siendo preocupación este caso no solo de la ciudadanía, sino también del Gobierno Nacional, y considerando que las investigaciones hasta ahora efectuadas no han satisfecho— ni a familiares ni al pueblo ecuatoriano; solicito a usted disponer, de Acuerdo con el Comandante General de la Policía Nacional, la conformación de un equipo especial para que se realicen las más efectivas indagaciones que permitan saber a dar con el paradero de los jóvenes Restrepo, y de cuyo resultado espero información urgente.- Atentamente, f) León Febres-Cordero Ribadeneira, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA”.

El Ministro Dr. Moeller, a su vez se dirigió, al Comandante General de la Policía Nacional, en estos términos:

MINISTERIO DE GOBIERNO DEL ECUADOR.- Of. No. 88-0450-DMG.- Quito, a 11 de julio de 1.998.- Señor Comandante General Milton Andrade Dávila, COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.- EN SU DESPACHO.- Señor Comandante General: A fin de que se sirva dar inmediato y fiel cumplimiento, remito a usted fotocopia del Of. No. 880887, de fecha 6 de julio en curso, que me ha dirigido el señor Presidente Constitucional de la República, a través del cual dispone la conformación de un equipo especial que realice las más efectivas indagaciones que permitan saber o dar con el paradero de los jóvenes Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, desaparecidos desde enero del año en curso.- El resultado de tales investigaciones, se servirá hacerme conocer con la debida oportunidad.- Atentamente,.- DIOS PATRIA Y LIBERTAD.- f) Dr. Heinz Moeller Freile, MINISTRO DE GOBIERNO».

El Comandante General de la Policía Nacional, se dirigió, entonces, al Director Nacional de Investigaciones, al siguiente instructivo:

“88-3482-CG.- Quito, 13 d julio de 1.988.- SEÑOR CORONEL DE POLICÍA DE EM., GILBERTO MOLINA.- DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES.- En su despacho.- Con el fin de que se sirva conformar un equipo especial que realice las más efectivas indagaciones que permitan saber o dar con el paradero de los jóvenes Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, le remito a usted, señor Coronel, fotocopia del oficio No. 88-0450-DGM. De 11 de julio del año en curso, enviado por el Señor Ministro de Gobierno y Policía, así como también el oficio suscrito por el señor Presidente de la República y la carta de los esposos Restrepo Arismendi.- Atentamente.- DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,. – EL COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, f) MILTON GUSTAVO ANDRADE DAVILA, COMANDANTE GENERAL DE POLICÍA”.

Disculpen ustedes, señor Presidente y Señores Miembros de la Comisión Especial, lo extenso y puntualizador de este carta-informe. Lo he creído necesario, por cuanto, desde hace muchos años atrás y con el pretexto de informar e informar, aclarar y aclarar, indagar e indagar mi conducta como Ministro de Gobierno, me he visto consuetudinariamente sumergido en aguas tumultuosas, cada día más y más.

Si obra a mi favor un sobreseimiento definitivo en el juicio “Desaparición, Tortura y Muerte de los Hnos. Restrepo”, en el que injustamente se me involucró. Si, además, he concurrido, cuando ejercía el Ministerio de Gobierno, a todo llamado que se me ha formulado para informar sobre aspectos relacionados con supuestas violaciones de los derechos humanos, torturas, desapariciones, etc., tanto al Congreso Nacional en pleno, cuanto a sus Comisiones de Fiscalización y Control Político y de Derechos Humanos, como al Tribunal de Garantías Constitucionales, etc. etc. y, ya fuera del cargo, a la Comisión Internacional que con este misma finalidad fue creada por el Presidente Borja, porque creí, en ese entonces, que era de mi obligación moral hacerlo; organismos ante los cuales informé todo cuanto debía informar, hoy considero improcedente que se me siga llamando a toda cuanta investigación que se desee y, si no se pone fin a este atropello a mis derechos humanos individuales, se me seguirá convocando.

Actué, lo dije y lo diré las veces que sean necesarias, con absoluta integridad y en cumplimiento de la Constitución Política y de la ley. ¿Habría cabido cruzarse de brazos ante la tenebrosa realidad de entonces, o el Gobierno del que fui parte tenía que cumplir lo que la Constitución y las leyes disponen con relación a la seguridad interna de la República? No debe olvidarse que hay un principio de derecho universal que expresa: «Que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo, equivale a ocasionarlo». El Gobierno se acogió a esa norma, para proteger y preservar Ia vida y Ia paz —en ese entonces— de diez millones de ecuatorianos.

Finalmente, hago mías las palabras de un pensador: «Los hombres de bien anhelan un gobierno que no solo controle el delito sino que termine con él”. Hago propicia la oportunidad, Señor, Presidente, para renovar a usted, las expresiones de mi distinguida consideración y aprecio.

Atentamente,

Luis E. Robles Plaza.