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Municipio de Ripley

Itzi De la Rosa
19 agosto 2021

El triunfo extraordinario logrado por León Febres Cordero en los comicios del 17 de mayo del 92, era esperado, pronosticado por todos, mas, también, representaba la asunción de un embarazoso reto, de características peculiares. La ciudad, la más grande e importante del Ecuador, se hallaba en un estado de postración tal que provocaba lástima, pero precisamente esa descarnada verdad era la que, en el pueblo, en el vecino de Guayaquil, motivara una percepción coincidente: León puede devolver la esperanza, cambiar la mala suerte de la urbe y mejorar la situación de vida de la gente.

Un sencillo y austero acto de posesión, el 10 de agosto, marcaría el principio de la gestión. “No tenemos nada que celebrar”, sentenciaba contundente el alcalde, enfatizando eso si que desde ese día “he iniciado una cruzada cívica para sacar adelante a nuestra ciudad del estado de postración y de abandono en el que se encuentra”. Los acontecimientos alrededor de la actividad suscitaban, como era de esperarse, justificadas reacciones y por qué no si “los ingresos del municipio, basados en aportes gubernamentales y en impuestos, tasas y contribuciones, han servido para el beneficio particular de funcionarios municipales, empleados, concejales y toda una red puesta al servicio del chantaje, la coima y la corrupción”.

Lo que sucedía al interior del Palacio Municipal, que literalmente se caía, pues unas cañas apuntalaban las cúpulas para que no se desmoronen, se reflejaba fielmente en la ciudad, en sus habitantes. Recorrer la “Casa del Pueblo”, como recorrer la urbe misma, no dejaba establecer diferencias, pero sí un parecido inocultable: la ruina, responsabilidad de ruines perfectamente identificados, sancionados categóricamente en las urnas, señalados con el dedo acusador, y más tarde -algunos, no todos por benevolencia de la justicia- encarcelados y prófugos.

Sesión extraordiaria del C. C. 08/1992

El Palacio Municipal, por decisión del jefe del cabildo, cierra su atención al público a partir del 11 de agosto, anunciándose su reapertura para el 14 de septiembre. ¿Cómo evitar su obligada “clausura”, si quienes tenían que cuidarlo, protegerlo, mantenerlo siempre respetable, no lo han hecho? “Han saqueado el Palacio Municipal. Lo han dejado sin agua, sin servicios higiénicos, sin teléfonos; se han llevado todo: vehículos, máquinas, muebles. Solamente han dejado lo inservible y si no han cargado con el edificio es porque físicamente es imposible hacerlo. Pretendieron engañar a la comunidad pintando su fachada, para ocultar la podredumbre física y moral que hemos encontrado. Un sepulcro blanqueado es lo que nos han entregado. El Palacio Municipal se está cayendo. Esta joya arquitectónica ha sido destruida. Solamente recorriendo sus dependencias podemos dar fe de esta realidad pavorosa. La destrucción del edificio ha significado la destrucción de Guayaquil”.

Terrible descripción de contundentes razones para aceptar, como inevitable, la cerradura de puertas del Palacio. Interiormente sí se laboraba de manera intensa, pero la atención al público debía suspenderse. Había que, por lo menos, readecuar elementalmente las áreas de trabajo, al tiempo de reestructurar, en la parte humana, cada uno de los departamentos municipales.